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La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha trasladado  este martes una 'protesta formal' al Ministerio de Educación por la  decisión 'unilateral' y 'sin precedentes' que éste ha adoptado al  publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que deroga  los temarios de las oposiciones docentes que se aprobaron en  noviembre de 2011 y se restablecen los de 1993.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Administración  educativa, esta "protesta" de Andalucía se ha realizado en el  transcurso de una Comisión General de Educación (un órgano de  coordinación de políticas educativas entre Ministerio y comunidades  autónomas) que ha tenido lugar este martes en Pamplona (Navarra).  Aunque en el orden del día no estaba incluido tratar este asunto  --ya que la Comisión General se había convocado para "llevar una  posición común del Estado español a la Unión Europea sobre la  empleabilidad y la cultura emprendedora", algo que se ha  conseguido--, Andalucía ha aprovechado el turno de 'Ruegos y  Preguntas' para "dejar constancia de la protesta" de la comunidad a  esta orden ministerial.  De este modo, ha trasladado al responsable del Ministerio de  Educación, Cultura y Deportes que "nunca antes se había adoptado una  decisión de este tipo sin la consulta previa a la Conferencia  Sectorial o, como mínimo, a la Comisión General" porque, entre otras  cosas, "es obligatorio y preceptivo" hacer dicha consulta previa a  las comunidades autónomas, que también tienen competencia en materia  educativa. "Creemos que la educación es una cuestión de Estado y las  comunidades también somos Estado, por lo que se nos tenía que haber  consultado", recalcan las citadas fuentes.  La Junta de Andalucía, que cree que esta orden del Ministerio de  Educación "podría ser hasta recurrible" aunque avanza que no la  recurrirá porque no quiere "perjudicar" a los opositores, también  considera que, al tratarse de una medida "unilateral", tendrá que ser  el Ministerio el que se haga "responsable de los perjuicios  ocasionados" a los aspirantes que llevan meses preparándose para  acceder a una de las 2.389 plazas convocadas en la comunidad.  "Tanto que hablan de pacto educativo y de consenso y ahora nos  encontramos con esta decisión sin que, en ningún momento, hayan hecho  consulta previa alguna", afean desde Educación a los responsables de  esta materia en el Gobierno de Mariano Rajoy.