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La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento de revisión de  oficio, en relación con el capítulo de la partida 31L relativo a  ayudas a empresas e instituciones, que lo que persigue no es 'tanto  cuestionar la legalidad o no del conjunto de las ayudas ni el  procedimiento', sino 'detectar fraudes'. Las empresas tendrán la  posibilidad de plantear alegaciones exponiendo por qué y para qué  recibieron las ayudas. 

"Nuestro máximo interés es detectar aquellas partidas que no  llegaron a su finalidad, esto es, a apoyar a una empresa o a  trabajadores, sino que tuvieron una finalidad fraudulenta", según ha  explicado la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de  prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.  Ha explicado que esos expedientes de revisión tienen como misión  fundamental dar la ocasión a las empresas de hacer alegaciones y  comprobar, por lo tanto, dónde ha podido "haber fraude de esa parte  de la partida conjunta de la 31L".  Moreno ha augurado que este proceso será largo porque es complejo,  al tiempo que es muy importante la fase de alegaciones que van a  tener todas las empresas para que puedan justificar por qué  recibieron ayudas y para qué. Ha insistido en que el procedimiento de  revisión es una herramienta muy interesante para que aflore el  "eventual fraude que se haya podido cometer" en algunas empresas.   Ha querido dejar claro que la Junta va a recuperar y va a iniciar  el reintegro de cualquier cantidad que se haya percibido  ilícitamente, con independencia de las responsabilidades penales de  pueda haber. Asimismo, Mar Moreno ha expresado que la Junta sigue manteniendo  que el conjunto de la partida del 31L, que tiene la finalidad de  ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis, se  dirigió a su finalidad, sigue viva y es imprescindible para que  cualquier comunidad pueda apoyar a empresas en situación de crisis.