El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha denunciado este lunes la existencia de dos pagos directos de más de 860.000 euros por parte de la Junta a Uniter, -una de las dos empresas intermediarias en las pólizas de prejubilaciones-,
ordenados por el actual director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Rivera, imputado por la justicia por su presunta implicación con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En rueda de prensa, Sanz ha explicado que estos son los primeros pagos directos que se conocen a una empresa intermediaria por parte de la Junta de Andalucía, ya que, hasta el momento eran las aseguradoras quienes pagaban a las dos entidades intermediarias que han participado en todos los procesos de prejubilaciones y ayudas a empresas, Uniter y Vitalia.
El dirigente 'popular' ha indicado que, según se desgrana de un informe elaborado por la Unidad Central Opertativa de la Guardia Civil, en la Consejería de Empleo existen documentos acreditativos sobre que la Junta ha realizado pagos directos a Uniter con fondos provenientes de dos ayudas sociolaborales para expedientes de regulación de empleo, concretamente a Santana y a la Faja Pirítica de Huelva.
Según la documentación aportada por el PP-A, la Asociación de Promoción Social 28 de febrero (Santana) recibió una ayuda de 603.291 euros, de la que en 2010 se abonó la cantidad de 452.468,25 euros en la cuenta de Uniter, un pago ordenado por Rivera, como también lo fue otro de 408.304,89 euros a esta misma empresa intermediaria, proveniente de una ayuda sociolaboral a la Asociación de Faja Pirítica de Huelva por importe de 544.406,52 euros.
Sanz, que ha querido dejar claro que estos dos pagos no son en concepto de comisiones por las citadas ayudas, ha considerado que esta información debería conllevar la dimisión "inmediata" del consejero de Empleo, Manuel Recio, y del actual director general de Trabajo. Y es que, según ha apuntado, la Junta ha ocultado a la Justicia la participación de Rivera en los pagos directos a los intermediarios, "al no haberle enviado esta documentación.
Tras recordar que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, negó en el Parlamento que la Junta pagara a los intermediarios de los ERE ningún tipo de comisión, el 'número dos' del PP andaluz ha insistido en que en la mayoría de los casos estas comisiones superaban la media del mercado, un dos por ciento, para situarse en una media del 15 o 20 por ciento.
Asimismo, ha criticado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, diera su apoyo a Rivera cuando fue imputado, "asegurando que no tenía ni la más mínima implicación". "La implicación del actual director general es total", ha subrayado Sanz, quien ha apuntado que "ya no es que haya utilizado procedimientos irregulares, sino que ha autorizado el pago directo a los intermediarios".
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