Respaldo sin fisuras a todo lo que sea una oposición firme al recorte de ayudas a la VPO anunciado por el Ministerio. Y aviso de que, de materializarse el ajuste, no se aceptará como excusa para incumplir los objetivos del Plan andaluz de Vivienda.
Estos son los dos mensajes que trasladaron, ayer, sindicatos y promotores a la consejera del ramo, Rosa Aguilar, que los reunió, junto a la Federación de Municipios (FAMP), para pedirles propuestas con las que hacer un frente común ante los planes del Gobierno. El frente común se ha formado pero los ahora aliados de la Junta también alertan de que “Andalucía tiene las competencias exclusivas en vivienda” y existe una ley que garantiza el derecho a un techo digno “y a quien pueden llevar los ciudadanos ante los tribunales es a los ayuntamientos”, recuerda el responsable de UGT, Roberto Marín. “El plan andaluz de vivienda está negociado para que se cumplan unos fines —132.000 VPO entre 2008 y 2012— independientemente del dinero que venga de Madrid”, subraya, desde CC OO, Juan Pérez. “Nosotros conveniamos unos objetivos, no su financiación”, dice Marín. El plan se diseñó en pleno “boom” de ladrillo pero la crisis y el cierre del crédito hace tambalear sus ambiciosas previsiones.
La consejera trasladó a sindicatos, empresarios y FAMP el borrador de modificación del decreto estatal que regula las subvenciones a la VPO y que prevé eliminar, a partir de 2011, las bonificaciones de hasta 2.000 euros a los promotores y las ayudas de hasta 8.000 euros a los compradores. La Junta, que se opuso desde el principio a esta medida, hará “múltiples y profundas aportaciones” para “reorientar” la intención del Ministerio. Aboga por “establecer un periodo de transición” frente a la supresión inmediata de las ayudas y “buscar fórmulas para continuar favoreciendo la financiación de los adquirientes de VPO”.
Sindicatos, patronal y FAMP presentarán en los próximos días sus propuestas. La Junta tratará de recopilarlas en un único documento que Aguilar presentará a la ministra Beatriz Corredor en una reunión bilateral aún sin fecha y a la que se remitió el presidente Griñán para justificar que en su encuentro con Zapatero no concretaran nada al respecto.
Sindicatos, patronal y FAMP confían en que la Junta se mantenga firme, si bien reconocen que aún se desconoce el efecto que el recorte tendrá en el plan andaluz de vivienda. “El plan estatal contaba con un presupuesto de 10.180 millones hasta 2012 de los que 1.440 venían a Andalucía. Le hemos preguntado que concrete en cuánto se vería reducida esa cantidad y aún no lo saben”, explica Juan Pérez.
No obstante, UGT y CC OO niegan la mayor y su punto de partida es que la política de vivienda en Andalucía no se vea afectada. “Si fallan las ayudas, los planes y la ley se convierten en papel mojado”, señala Pérez, quien también avisa que no aceptarán “que ocurra como con las infraestructuras, que se anuncia un recorte de 6.000 millones y se enmascara con el rescata de 500”.
Con todo, el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, destaca que “por encima de las ayudas lo que más preocupa es la falta de financiación” pese a que 33 bancos se comprometieron a liberar 9.550 millones en créditos para VPO. Pérez aboga por hacer público quién incumple.
Redacción / Sevilla
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