La Fiscalía de Córdoba ha visto indicios de delito penal por emisiones contaminantes a la atmósfera por parte de las empresas KME Locsa, Peninsular del Latón S.A. y Cunext Cooper Industries, junto al parque joyero, ya que sobrepasan los valores permitidos por la normativa aplicable. Según informó en rueda de prensa, el presidente del Centro de Iniciativas Ecológicas Mediterrania, Angel Juárez, esta entidad presentó el pasado 11 de febrero de 2009 en la fiscalía de Córdoba una denuncia por estos hechos. Tras las investigaciones efectuadas por el equipo de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Fiscalía ha decretado que se proceda remitir al juez decano las correspondientes diligencias.
En la denuncia se recogían las emisiones de partículas PM10 "que pueden ser causa de afecciones respiratorias de diferentes consecuencias e incluso originar procesos cancerígenos", aseguró Juárez, quien añadió que "las empresas denunciadas sobrepasan en sus emisiones los valores permitidos por la normativa aplicable". Y es que, tras las tomas de muestras efectuadas por el cuerpo policial, sus resultados son 91 microgramos por metro cúbico en los valores de PM10 cuando el límite es de 50 microgramos. En este caso, el valor permitido por ley casi se duplica.
En los análisis contaminantes han demostrado que hay emisiones de plomo de 881 y 1.210 nanogramos por metro cúbico, cuando el límite está marcado en 500 nanogramos metro cúbico. De este modo, se produce de nuevo un valor que dobla al permitido legalmente. En cuanto al cadmio, también se sobrepasan los límites con emisiones de 22,5 y 47 nanogramo por metro cúbico, situándose el valor límite en cinco nanogramos por metro cúbico. En esta ocasión, lo emitido es hasta nueve veces superior a lo contemplado por la legislación.
Angel Juárez explicó que desde la fiscalía se remitió un escrito a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, que fue contestado aludiendo que las mediciones eran puntuales y que se debería hacer un estudio más extenso. Por ello, la administración autonómica apuntó que no es posible determinar si existe algún tipo de incidencia en el medio ambiente y la salud de las personas.
El colectivo señaló que si se admite a trámite la denuncia también exigirán que se haga el estudio de las fuentes y manantiales cercanos por si hubiese repercutido la contaminación sobre ellos. No obstante, señaló que no quieren que les pongan multas sino que las tres empresas pongan filtros y se comprometan a evitar este tipo de emisiones. Juárez dijo que "no sólo se está hablando de un delito ecológico, sino de salud" porque las emisiones afectan a los vecinos que viven cerca de la zona. Por ello, exigieron al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que hagan un estudio epidemiológico para saber el impacto que está teniendo sobre las personas.
DIMISION DE LUIS REY
La entidad remitirá además un escrito a la Consejería de Medio Ambiente solicitando la dimisión del delegado en Córdoba, Luis Rey, por no haber abierto un expediente, una vez que se presentó la denuncia por parte de Mediterrania hace ya más de un año. Asimismo, criticó que el Ayuntamiento también "se lava las manos" cuando se le notificó la situación y debería velar por la seguridad de los ciudadanos que pueden estar afectados, fundamentalmente los vecinos de Parque Azahara y Palmeras, aunque los gases pueden llegar a toda la ciudad, en función del sentido del aire.
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