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Desde hace unos cuantos días se esperaba de manera ansiosa el desenlace del secuestro de los tres cooperantes españoles en Mauritania y, finalmente, ayer se produjo la liberación de Alicia Gámez. La satisfacción no ha podido ser plena, porque dos de sus compañeros se han tenido que quedar prisioneros de sus captores por motivos que, a priori, no se han facilitado.

Todo el proceso se ha llevado, y se lleva porque aún no ha terminado, con el máximo sigilo, aunque se ha podido saber que el Ejecutivo ha recibido en varias ocasiones pruebas de que se encontraban con vida y de que recibían la medicación que necesitaban. También son tranquilizadoras las primeras declaraciones de la liberada, que ha precisado que el trato era correcto, dentro de la dureza de encontrarse retenidos contra su voluntad en pleno desierto. Desde el Gobierno se han apresurado a aclarar que no se ha pagado rescate alguno en metálico, aunque habría que ver qué otro tipo de contraprestaciones se han podido colocar sobre la mesa. Parece obvio pensar que dejar libre a esta cooperante no ha sido un acto gratuito, aunque ahora ese capítulo debe pasar a un segundo plano, ante la prioridad de no empañar el proceso para que llegue a buen término y cuanto antes mejor.
Es lógico que desde el Gobierno no se profundice en más detalles, porque no hay que olvidar que la vida de otros dos españoles está aún en la cuerda floja. Hay que tener presente que se trata de delincuentes, personas amorales sin ningún tipo de escrúpulo y sus reacciones pueden llegar a ser imprevisibles. Por eso es primordial que todos los esfuerzos se intensifiquen aún más para que ellos también regresen cuanto antes con sus familias. La buena noticia no debe servir como punto de relajación en la negociación, sino, al contrario, como acicate para no perder un minuto en la resolución de esta grave crisis.