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La asamblea de la Compañía Española de Comercialización de Aceite S. A. (Cecasa) es el primer paso para que la empresa comience de nuevo a operar. Esta comercializadora, que se creó en el año 2000 y que llegó a reunir el 60 por ciento de la Producción Nacional, dejó de operar ante el proceso judicial emprendido por Competencia. Finalmente, el Tribunal Supremo después del largo litigio permite la actividad de una comercializadora que será otro elemento a tener en cuenta para ayudar a controlar los precios del aceite de olivo y de que el agricultor no pierda renta ante el movimiento especulativo de empresas distribuidoras. Con esta decisión judicial se atiende la peculiaridad del sector esgrimida y que mantiene que el mecanismo de la oferta y la demanda no garantiza una renta razonable para los productores ni el suministro a los consumidores. En este sentido, Cecasa podrá almacenar aceite con financiación privada en situaciones con graves perturbaciones de mercado. No obstante, la propia comercializadora pide al Ministerio de Medio Rural y a la Junta de Andalucía, a través de la Ley del Olivar, que indique en qué situación de crisis ellos podrían comenzar a almacenar. En este sentido, y en función de las zonas olivareras estén más o menos mecanizadas, por debajo del umbral de 2,12 a 2,20 euros por kilo, las explotaciones no son rentables. El almacenamiento que podría realizar Cecasa es privado y compatible con el que realiza la Unión Europea que si tiene un coste público. En cualquier caso, y mientras la comercializadora se “refunde”, la llamada a la concentración e integración de cooperativas sigue vigente y es una de las medidas más indicadas para controlar cualquier movimiento especulativo y, sobre todo, para ganar peso específico ante los retos imponderables que los olivareros tienen que asumir de cara a su propio futuro.