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La detención este fin de semana en Francia del presunto “número uno” de la rama militar de la banda terrorista ETA y de otros dos presuntos etarras supone un importante revés para los asesinos, que según se ha podido constatar más tarde, tenían previsto perpetrar un secuestro de manera inminente.

Hay varios indicios que a los investigadores les hace pensar que ese era el objetivo inminente de uno de los comandos desarticulado en territorio francés, en la zona de la Baja Normandía, desde donde se ultimaban todos los detalles del siniestro plan con el que captar la atención mediática aprovechando la presidencia de España de la Unión Europea. Con esta hipótesis trabajaba ya el Ministerio del Interior desde el pasado diciembre y, hasta ahora, el cerco policial ha impedido que las diferentes acciones terroristas se hayan podido materializar. Una postura a la desesperada, si se tiene en cuenta la clara debilidad operativa de ETA, que necesita justificar ante sus seguidores una fortaleza operativa de la que es evidente que carece. Hay que aplaudir especialmente que la eficacia policial vaya arropada por decisiones judiciales coherentes, como el fallo que acaba de conocerse de un juez irlandés de dar luz verde a la extradición a España del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, que se encuentra en libertad vigilada mientras su defensa prepara la apelación.
En este escenario resulta cuanto menos absurdo que desde la autodenominada izquierda abertzale se manifieste que las detenciones se producen cuando ellos hacen algún tipo de pronunciamiento público. Es obvio que los arrestos se producen siempre que las fuerzas del orden tienen oportunidad, con independencia de otras historias, más ahora, que se llevan a cabo con una frecuencia inaudita, casi cada dos días. Los demócratas se alegran, sin comentarios a pie de página, ni interpretaciones sospechosas. Quien no se congratula, él solo se está señalando.