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La falta de liquidez de los ayuntamientos es, en los últimos meses, un grave problema que lleva parejo, por ejemplo, que las nóminas a los propios funcionarios se demoren por falta de ingresos.

La tarta de la financiación no es generosa con la Administración local, sobre todo si se tiene en cuenta la amplia gama de servicios que los ayuntamientos están obligados a ofrecer a los ciudadanos. A este problema estructural se une el de la merma de fondos causada por la crisis inmobiliaria. La mayor fuente de ingresos en los ejercicios más recientes estaba ligada al número de licencias de obras concedidas y a los planes urbanísticos del municipio; con el parón en la construcción, los ingresos en esta caja no existen. La falta de dinero, por lo tanto, tiene paralizados proyectos locales y, además, hace que dificultades puntuales sean complicadas de afrontar. En este contexto, los arreglos de colegios en la provincia implican siempre rifirrafes entre la Delegación y los ayuntamientos a la hora de delimitar la competencia de cada uno. Aunque la normativa, a grandes rasgos, estipula que las deficiencias estructurales corresponden a Educación y los arreglos a la Administración municipal, en la realidad, cada obra que es necesario realizar conduce a una pequeña trifulca. Si antes de la crisis, las dificultades económicas de los ayuntamientos dificultaban la asunción de estas responsabilidades, ahora, en plena asfixia económica, no son asumibles en todo caso. Es necesario por lo tanto, dentro del pacto de financiación que requieren los municipios para poder afrontar con garantías la prestación de servicios, subsanar un enquistado problema, como es la idoneidad de los centros públicos de enseñanza. En este sentido, deben primarse las prioridades en épocas de vacas flacas, porque la calidad de la educación de los alumnos andaluces no entiende ni de competencias políticas ni de falta de financiación.