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Siguen las detenciones de individuos en operaciones antiterroristas, una tarea que no puede encontrar tregua en las fuerzas de seguridad hasta ETA desaparezca por completo de la sociedad española. Los últimos nueve arrestados por la Ertzainta estaban organizados en dos comandos con dos líderes diferentes y tenía la orden expresa de sus jefes de atentar contra los agentes de Policía vascos y contra empresarios. Una importante acción policial que ha dado frutos significativos y que contribuye a debilitar la estructura de la banda de asesinos. Después de la desmantelación de imponente arsenal hallado en territorio portugués, es evidente que el daño en la organización de los etarras ha sido considerable. Un fuerte revés a sus criminales proyectos, entre los que se encontraba atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Zahara de los Atunes, una acción cobarde y miserable que ha podido ser abortada. Ahora bien, en este contexto de felicitaciones por la labor bien hecha, llegan las voces de las familias de las víctimas, que reclaman que este tipo de delitos estén siempre vigentes, como ocurre en la actualidad. La petición es un auténtico clamor desde el sentido común. Irene Villa, que contaba con doce años cuando sufrió el atentado, pidió que los delitos por esta lacra social no prescriban “porque tampoco prescribe el dolor de las víctimas”. Es de justicia plantearlo, al menos, con serenidad y argumentos, pero no dar de lado a una petición que llega con el respaldo pleno de las cuatrocientas víctimas reunidas en la jornada de ayer en Salamanca. Además de las eficaces operaciones policiales, que hay que reconocer que se han intensificado de manera notable desde el giro político en el País Vasco, es cierto que debería revisarse lo que concierne a las penas, como la cadena perpetua, que hace unas semanas estuvo en primera línea del debate político.