Ha bastado con decirlo alto y claro para que los aceituneros pongan el grito en el cielo. Y el eco de las voces retumba todavía en los olivares de la provincia de Jaén. No es algo nuevo. Existe desde tiempos pasados, pero nunca nadie dijo nada, bien por temor o bien por no levantar la liebre. El caso es que existe una ley que prohíbe cobrar prestación alguna mientras se trabaja en el tajo, independientemente de quién sea el propietario del terreno.
Lo que ocurre es que, hasta ahora, los olivareros hicieron de su capa un sayo y cerraron oídos y ojos ante lo que era una estridencia y una evidencia. Este año, cuando la crisis arrecia y se producen situaciones desesperadas, el Gobierno lanza una seria advertencia: habrá duras sanciones para los parados que recojan aceituna. Ya no vale eso de decir “estoy en lo mío”. La medida, más que acertada y necesaria para zanjar la economía sumergida en la agricultura, habrá que seguirla con luz y taquígrafo para comprobar si la política que promueve el subdelegado, Fernando Calahorro, es terrenal o de ficción. De él depende el éxito o el fracaso de las inspecciones en los tajos, aunque, si al final hay fracaso, la culpa será de quien lo cuenta. Como siempre.
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