La salvación de La Laguna tendrá que esperar a enero
Al menos, los 33 trabajadores de la Escuela de Hostelería de La Laguna, en el Puente del Obispo de Baeza, tienen ya una fecha. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, prometió en el Parlamento andaluz que, a partir del 1 de enero de 2015, comenzará a aplicarse un nuevo modelo para este consorcio y los otros 13 que hay en la región. El cambio garantizará, dijo, “la viabilidad económica” de estos centros, al no depender de una subvención anual, como ocurre actualmente, y permitirá que presten servicio con calidad, en un contexto de estabilidad para los trabajadores. De lo que no hay noticia, por el momento, es de cuándo cobrarán los empleados. Los baezanos, por ejemplo, esperan desde abril que llegue su salario; compañeros de otras escuelas andaluzas están peor. La situación, que ya se dio el año pasado, llevó al personal de La Laguna a denunciar, recientemente, al consorcio que les paga, formado por el Gobierno andaluz y, con una participación menor, el Ayuntamiento de la ciudad.
Estos profesionales, cansados ya de llamar a todas las puertas, optaron por sacar sus protestas a la calle para denunciar su situación. El martes, lo hicieron frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, en Sevilla, y hoy, continuarán frente al Ayuntamiento de Baeza, donde tratarán de mantener un encuentro con el equipo de Gobierno. Esta semana, como se explicó a este periódico, también hubo una reunión en la capital andaluza para abordar el futuro de La Laguna y el resto de consorcios. En el cónclave participaron responsables políticos de todas las provincias en las que existe una de estas escuelas, dedicadas a la hostelería y otras especialidades; también se sentaron en la mesa los directores de todos los centros. Allí escucharon a la viceconsejera de Educación, Monserrat Reyes; el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, y la secretaria general de Educación de la Consejería, Guadalupe Fernández.
En esencia, el foro sirvió para anunciar que, a partir del próximo año, los centros formativos pasarán a depender del ente público Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) y que el comienzo del curso puede llegar en los primeros días de este mes, posiblemente, el 7 de enero, lunes. Previamente, los consorcios se disolverán, con lo que todos los trabajadores, la deuda y los bienes pasarán a manos del ISE. En cuanto a la plantilla, pasará a ser personal laboral. La delegada de Educación en Jaén, Yolanda Caballero, por su parte explicó que había mantenido una nueva reunión con los representantes de los trabajadores, en la que les explicó que su área emplea sus recursos para tratar de “desbloquear” la situación, en busca de una “solución definitiva” que, como señalaron fuentes del Gobierno andaluz en Jaén, tiene como objetivo lograr la “estabilidad profesional” y la formación de calidad.
Ni el consejero de Educación ni su delegada en Jaén desvelan cuándo cobrarán los trabajadores ni se abonará el resto de deudas. Para los salarios, hay una solución que ya se adoptó en la Escuela de La Cónsula, en Málaga. Esta pasa por adelantar el dinero, mientras se termina de reformar el modelo de los centros. El alcalde de Baeza, Leocadio Marín, ya anunció que se trabaja en este sentido, en colaboración con otras instituciones, aunque no ocultó la dificultad de lograrlo. En el consorcio costasoleño, el Ayuntamiento de Málaga aportó 200.000 euros y la Junta, posteriormente, 700.000. Ello permitió que la plantilla sea la única de Andalucía que esté al día, eso sí, en medio de las críticas del medio de consorcios por la situación de “desigualdad” generada. Ayer mismo, según Europa Press, el Gobierno andaluz anunció que asumirá la gestión de La Cónsula en solitario y confirmó la liquidación del consorcio.
La crisis de estos centros formativos está motivada por la revisión de sus cuentas, para cumplir las exigencias planteadas por la Cámara de Cuentas, entre 2007 y 2013. Esta labor, que implica la congelación de sus fondos, está ya concluida, según Educación, aunque es preciso aún el “sí” de la Intervención de la Junta.