La Justicia corta las alas a un grupo de "narcos" de Castillo
Cuando en marzo de 2011, la Guardia Civil entró “a saco” en Castillo de Locubín para llevarse esposados a cuatro personas, muchos vecinos del pueblo respiraron aliviados. La operación permitió desmantelar un activo punto de venta de drogas “al menudeo”, cuyos miembros, además, se dedicaban a cobrar deudas con métodos más que violentos.
Ayer, más de tres años después de aquellos hechos, la Audiencia dictó justicia en forma de sentencia. Los cuatro acusados aceptaron castigos que oscilan entre los tres años y los 18 meses de prisión, más el pago de una multa de 2.880 euros. Se reconocieron autores de un delito contra la salud pública y otro de coacciones.
La investigación del Instituto Armado comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por una de las víctimas, quien relató a los agentes que dos de los acusados —acompañados de otras dos personas que no han podido ser identificadas— lo obligaron con amenazas a firmar unos papeles para cubrir el pago de una deuda. Esos documentos eran un contrato de venta de dos fincas rústicas. En el transcurso de las pesquisas, la Guardia Civil descubrió que había otra víctima, otro vecino del pueblo al que los cuatro acusados amedrentaron con métodos violentos para cobrarle 250 euros que debía. Finalmente, también lo obligaron a firmar un reconocimiento de deuda.
No obstante, las coacciones con métodos casi mafiosos no eran la única actividad delictiva a la que se dedicaba el grupo. De hecho, su negocio estaba en el tráfico de drogas. Y es que cuando la Guardia Civil practicó el registro del domicilio de uno de los procesados y de su esposa, encontró más de tres kilos de marihuana, así como pequeñas cantidades de cocaína y una balanza de precisión. Ambos han sido condenados a un año y medio de prisión por un delito contra la salud pública.
El considerado cabecilla de la organización fue detenido cuando transportaba casi 50 gramos de “farlopa” en su coche, una sustancia que estaba destinada a su venta a terceras personas. Este empresario castillero se ha llevado la condena más elevada: tres años de cárcel por el tráfico de drogas, ya que la cocaína está considerada una sustancia que causa un grave daño a la salud, por lo que su distribución está mucho más castigada penalmente.
Las sentencias, impuestas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, ya son firmes, puesto que los cuatro acusados se declararon culpables. En principio, la Fiscalía solicitaba penas más elevadas, aunque, finalmente, rebajó las condenas por la conformidad mostrada por los procesados.