El papel mojado del falso psicólogo
En febrero, la Junta de Andalucía apartó a un falso psicólogo que trabajó como perito judicial para el Instituto de Medicina Legal de Jaén a pesar de que no contaba con la adecuada titulación para ello. Diez meses después, todos los informes que Manuel F. R. firmó en procesos judiciales muy delicados están anulados. De hecho, han tenido que ser repetidos por los técnicos de la Unidad de Valoración de Violencia de Género, lo que ha supuesto que la entidad sufra un atasco todavía mayor del que ya presentaba.
Y es que no se trata de una cuestión baladí, ni por el número de los expedientes (más de medio centenar) ni por la altísima sensibilidad de los casos en los que participó: causas penales por las que puede haber gente en prisión, procesos civiles de separación y divorcio con custodia de menores de por medio, órdenes de alejamiento, destierros, indemnizaciones... En estos casos, los informes de los peritos son muchas veces uno de los principales sostenes de las decisiones que toman los jueces, ya que suponen la principal prueba de cargo en multitud de sentencias. “Ha habido que repetirlas todas”, aclara la fiscal de Violencia de Género, Gracia Rodríguez Velasco.
Manuel F. R. comenzó a realizar informes psicológicos para el IML a finales del año 2011, a pesar de que solo tiene el título de Psicopedagogía emitido en 2005 la Unidad Nacional a Distancia. Se trata de una disciplina totalmente distinta y que no le habilita para realizar los exámenes a personas que se ven envueltas en un proceso judicial.
¿Cómo se coló el intruso en un organismo oficial? La Unidad de Valoración está sobrecargada de trabajo, por lo que la Junta se vio obligada a recurrir a personal externo. Lo hizo a través de una empresa que ofrece servicios de peritaje y para la que trabaja el falso psicólogo. De hecho, la Junta ya está en trámites de rescisión del contrato que mantenía con esta sociedad y que fue adjudicado por 496.000 euros. “Se trata de un procedimiento muy largo con muchos trámites”, confirman fuentes de la Administración autonómica.
Además del expediente administrativo, la Delegación de Gobierno de Jaén envió a la Fiscalía una denuncia por la comisión de un supuesto delito de intrusismo. El fiscal jefe, Carlos Rueda, entendió que había indicios suficientes como para remitirla a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén mantiene, desde entonces, diligencias abiertas contra Manuel F. R. No obstante, la investigación no está, ni mucho menos, cerrada.
Mientras tanto, las consecuencias colaterales es que la Unidad de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Jaén está todavía más saturada que cuando se vio en la necesidad de recurrir a personal externo. El “cuello de botella” se ha estrechado, lo que origina más atascos y demoras de expedientes.