Centenares de imputados por fraude se libran del juicio

En febrero de 2007, la Policía destapó la conocida como operación “Plata”.

    22 abr 2015 / 10:15 H.

    Hasta ahora, es la mayor investigación desarrollada en la provincia por fraude a la Seguridad Social, tanto por el número de imputados —casi 400— como por la cantidad supuestamente estafada —casi 600.000 euros—. La Policía puso al descubierto que un empresario de Martos ofrecía contratos falsos a cambio de dinero.

    En concreto, y según especificó entonces la Comisaría, el empresario cobraba a cada “empleado” unos 1.300 euros a cambio de facilitarle el alta en la Seguridad Social en una empresa que, sobre el papel, se dedicaba a limpiar pisos en la Costa del Sol. Sin embargo, presuntamente, esos “trabajadores” no llegaron a desempeñar actividad laboral alguna. Eso sí, con esos contratos, solicitaron y obtuvieron fraudulentamente subsidios por desempleo, maternidad o, incluso, incapacidad. En el procedimiento instruido por el Juzgado número 2 de Martos hay constancia de, al menos, 400 falsos empleados. Es más, muchos de estos “trabajadores” aseguraron que, por un salario de apenas mil euros, se desplazaban desde distintas provincias a trabajar a Málaga para realizar esos trabajos de limpieza. No obstante, la investigación policial determinó que algunos de los centros de trabajo donde dijeron haber prestado sus servicios, simplemente, no existían.

    Ahora, el juez Juan Antonio Chamorro Mariscal acaba de dictar un auto en el que deja fuera de la causa a todos estos imputados. De hecho, solo sigue adelante contra el empresario, Rafael G. G., que llegó a estar en prisión preventiva por estos hechos durante casi mes y medio. Lo acusa de un delito continuado contra la Seguridad Social. Los demás implicados, de momento, se han librado de sentarse en el banquillo. Y es que contra la decisión del magistrado Chamorro Mariscal cabe recurso por parte de cualquiera de las partes personadas en el procedimiento. De hecho, la Fiscalía considera que hay indicios suficientes como para mantener los cargos contra los falsos trabajadores.