A juicio tres empresarios por fraude en las subvenciones
Tres de los administradores de Renovables Biocazorla, una empresa dedicada a la fabricación de maderas “pellet”, se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia, acusados de defraudar casi dos millones de euros en ayudas públicas entre los años 2006 y 2010. La Fiscalía tratará de demostrar en el juicio que Pablo T. B., Juan S. D. y Antonio Andrés M. G. falsearon las cuentas de su sociedad para obtener, de forma ilegal, esas subvenciones públicas. Por la cuantía de lo supuestamente defraudado se trata de uno de los casos más graves de estas características que se recuerda en los tribunales de la provincia. El Ministerio Público relata que la empresa, que tenía su sede social en Cazorla, fue fundada a finales de 2006 por siete socios. La Fiscalía solo acusa a tres de ellos de delitos de fraude en las subvenciones, societario y falsedad. Como castigo reclama para cada uno de los procesados ocho años y siete meses de prisión, multas que rozan los 3,6 millones de euros y una indemnización para las administraciones afectadas de casi 2 millones. Los acusados niegan los cargos.
Según el fiscal, ninguno de los socios realizó aportación inicial alguna al crear la sociedad. Esa “falta de capital en su inicio” hizo que la empresa tuviera que acudir a las ayudas públicas. El Ministerio Público enumera cinco expedientes de subvenciones que están bajo sospecha, solicitadas, prácticamente, a todas las administraciones. El fiscal explica que Renovables Biocazorla consiguió esos dos millones de euros “de forma indebida”. ¿Cómo? “Falseando determinadas condiciones requeridas para su obtención, así como ocultando circunstancias que hubieran impedido su concesión; emitiendo facturas falsas, alterando elementos esenciales de estos documentos”, responde el escrito de acusación.
El fiscal describe el “modus operandi” en el que los acusados “inflaron” el proyecto de edificación de su fábrica, es decir, “aumentaron el presupuesto, con el duplicado y la falsificación de facturas”. Además, para el Ministerio Público, los procesados, presuntamente, encargaron la construcción a otras sociedades distintas, pero de las que también eran socios, según la Fiscalía. “Actúan como una unidad”, remacha. Una conducta prohibida expresamente por la Ley General de Subvenciones. El Ministerio Público también habla de “pagos triangulares” entre Biocazorla y sus sociedades vinculadas, entregas de dinero en “B”, declaraciones irregulares de impuestos, doble contabilidad y graves incumplimientos de las normas contables.