Villar, su hijo y Padrón salen de prisión tras pagar la fianza

El inhabilitado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y su hijo Gorka pagaron las fianzas de 300.000 euros y 150.000 euros, respectivamente, impuestas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, por lo que ayer salieron de prisión.

También abandona la cárcel el vicepresidente económico del organismo federativo, Juan Antonio Padrón, tras abonar el mismo importe que Ángel María Villar.

Los tres investigados saldrán de la prisión de Soto del Real (Madrid) una vez que el juez del “caso Soule” autorice su libertad tras comprobar que han consignado dichas cantidades fijadas en las cuentas del Juzgado. Las mismas fuentes precisaron que padre e hijo abonaron las fianzas mediante transferencia bancaria.

El juez instructor dictó el pasado lunes un auto en el que puso en libertad provisional bajo fianza a estas tres personas, que se encuentran en prisión incondicional desde el pasado 21 de julio en el marco de la investigación del presunto desvío de fondos de la Federación de Fútbol a empresas vinculadas a la trama.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional obliga a estos tres investigados a comparecer semanalmente ante el juzgado, la retirada del pasaporte, además de facilitar un teléfono móvil donde puedan ser localizados y llamados en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado en caso de necesidad.

El juez Pedraz afirmó en su auto que aunque siguen existiendo motivos para considerarles responsables criminalmente de los delitos imputados “resulta oportuno modificar la situación personal” de los tres tras haber practicado una serie de diligencias como volcado, y depósito y custodia de la documentación requerida e intervenida para su análisis, así como declaraciones de más investigados y testigos. Además, aseguró que junto a “las medidas cautelares reales” decretadas “difícilmente podrían obstaculizar la instrucción de la causa”, ya que la documentación no puede ser “alterada”, ni pueden “influir” en los testigos y en el resto de investigados a los que ya se ha tomado declaración, así como ocultar bienes y patrimonio gracias a que sus cuentas están bloqueadas y embargadas. Asimismo, el juez Pedraz señala que no existe riesgo de fuga al acordar las fianzas y el resto de medidas.

El magistrado ya apuntó en el auto inicial por el cual decretaba prisión que al menos desde 2009 el directivo creó un entramado para la desviación de fondos tanto públicos como privados.