y concurren a las elecciones
Ambos niegan los preceptos en los que se basa la decisión de encarcelarles
Los consellers cesados de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull alegaron en sus recursos contra el auto de prisión incondicional dictado por la jueza Carmen Lamela que acatan “expresamente” el artículo 155 de la Constitución y que optaron por concurrir a las elecciones del 21-D.
En sendos recursos de apelación del abogado Jordi Pina, los dos exconsellers niegan los preceptos en los que se basa la decisión de encarcelarles: que haya riesgo de reiteración delictiva, ya que han acatado el 155 y no tienen puestos de poder, y que haya riesgo de fuga por su intención de concurrir en las elecciones del 21 de diciembre.
La defensa solicita en su escrito que, para la sustanciación del recurso, se celebre una vista en la que se permita la presencia de ambos investigados, al amparo del artículo 766.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Así, argumentan que no hay riesgo de reiteración delictiva —uno de los preceptos para acordar la prisión— porque los querellados no ostentan cargo alguno en el Govern de la Generalitat y porque acataron el 155.
Todos los querellados, “aun discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, acataron expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación”, aseguran.
Añaden que tras la aplicación del 155 ninguno de los querellados “ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario, anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas”. “No hay pues voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral”, esgrimen.
Consideran que tampoco existe riesgo de fuga por el compromiso político de los exconsellers con Cataluña, siendo “impensable” que quisiera abandonar la tierra con la que siempre se sintieron comprometidos, más aún al concurrir en las elecciones en la lista de JuntsxCat. Defienden que la privación de libertad “contraviene el derecho a elecciones libres” del Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos y a tener representantes políticos.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ironizó con la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda celebrar mítines desde Bruselas utilizando el “formato holograma” que permite imágenes en 3D, o incluso aparezca como un “fantasma” o a través de la “güija”. Según dijo, lo que debería hacer es “prepararse su defensa” judicial. “No sé si el señor Puigdemont va a aparecer en formato holograma o en formato güija”, recalcó.
el Govern”
El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, defendió la necesidad de que el independentismo gane las elecciones del 21 de diciembre para “restituir el Govern legítimo” de la Generalitat, que fue cesado con el artículo 155, pero no aclaró quien debería ser investido como el presidente de este Gobierno catalán. Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, donde abogó por que Puigdemont y Junqueras puedan “volver a gobernar”, pero aseguró que aún es pronto.
La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra empezó a citar para declarar a agentes que participaron en el dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O por presunto incumplimiento, según explicaron fuentes sindicales, que fueron avisados porque muchos ofrecen asistencia legal a sus afiliados.
Los citados son agentes a los que se les abrió información reservada el 3 de octubre, dos días después del referéndum, y según publica “El Mundo” son más de 150. Entre los citados están los mossos que aparecen en la cuarentena de vídeos que se enviaron a la Audiencia Nacional para investigar si hubo inacción o colaboración, según la citada fuente.
Los Mossos abrieron una información reservada para determinar si hubo alguna actuación de algún agente que ese día incumplió las órdenes de la Jefatura, en las que pedían cerrar los colegios e impedir el referéndum en cumplimiento de una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Entre la información que se pedía a los agentes para que incluyan en su nuevo informe figura la situación en la cual estaba el punto de votación cuando llegaron, los diferentes intentos que hicieron por intentar acceder al colegio electoral, así como el resultado de sus intervenciones. También tenían que precisar el número de concentrados en las puertas de los colegios electorales donde se presentaron, durante las diferentes franjas horarias. A los agentes también se les pidió que detallaran cuántas veces pidieron apoyo a la sala de control, qué impedimentos tuvieron que afrontar al intentar requisar urnas y si efectuaron algúna identificación.