Los separatistas toman la calle

Mariano Rajoy pide a la Generalitat que cesen en sus actuaciones ilegales

21 sep 2017 / 10:06 H.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer que el referéndum ilegal de independencia en Cataluña “ya no se puede celebrar” y pidió a los responsables de la Generalitat que “cesen en sus actuaciones ilegales”. El jefe del Ejecutivo mostró su disposición a dialogar, pero siempre en el marco de la ley.

Rajoy realizó esta declaración después de las 14 detenciones que se produjeron ayer en Cataluña por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la mayor parte de ellas afectan al núcleo duro de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, los agentes se incautaron de casi diez millones de papeletas de voto que se suman a las 45.000 cartas para constituir las mesas de votación que se intervinieron ayer. Tras estas actuaciones judiciales y policiales que imposibilitan materialmente el referéndum, el jefe del Ejecutivo reclamó a los responsables de la Generalitat que cesen en sus actuaciones ilegales, abandonen sus propósitos porque “saben que este referéndum ya no se puede celebrar”. Según Rajoy, esa consulta “no es más que una quimera imposible o la excusa que quieren usar para ahondar la fractura que han provocado en la sociedad catalana”. “No sigan adelante, regresen a la ley y la democracia y permitan que la gente pueda pasar página de estos días tan aciagos”, argumentó Rajoy. El jefe del Ejecutivo explicó ayer a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, en sendas reuniones en Moncloa, todas las actuaciones que tuvieron lugar en Cataluña para frenar, de esta manera, el referéndum ilegal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió ayer de nuevo el apoyo de los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, ante los pasos que se están dando para impedir la celebración del referéndum el 1-O que está suspendido por el Tribunal Constitucional. Eso sí, fuentes del Ejecutivo no ocultan su preocupación por la movilización en la calle a la que están llamando los independentistas tras la última operación judicial y policial en Cataluña. El secretario general del PSOE fue el primero en verse con Rajoy. Después lo hizo el presidente de Ciudadanos, que destacó en Moncloa que “la mayoría de catalanes no apoya el golpe” de los independentistas y pidió al Gobierno que defienda sus derechos y libertades, según fuentes del partido naranja. Fuentes de Moncloa admitieron, tras estos encuentros, que están “satisfechos” con el apoyo recibido por PSOE y el partido de Ciudadanos.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dio unas “gracias inmensas” a la ciudadanía que apoyó al Govern ayer durante la operación policial contra el 1-O. “Vuestra solidaridad, afecto y compromiso nos alienta. `Gracias inmensas! `Seguimos!”, dijo por la noche en un tuit recogido por Europa Press. En una declaración institucional, Puigdemont había dicho a mediodía que el Estado suspende el autogobierno y aplica un estado de excepción de facto, y había añadido: “El día 1 llevaremos papeletas”.

Catorce arrestados en el operativo y 41 registros en la investigación

Se elevó a catorce los arrestados en el operativo desplegado en varias sedes de la Generalitat de Cataluña para recopilar pruebas e indicios sobre el referéndum del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional, informaron a Europa Press fuentes del dispositivo policial. El número de registros practicados son ya 22. La Guardia Civil desplegó ayer un amplio dispositivo en varias sedes de la Generalitat. Un día antes, el instituto armado intervino 45.000 sobres nominales (el 80% del total) para la constitución de las mesas electorales del 1-O en los registros que llevó a cabo en diferentes sedes de la empresa de mensajería Unipost. El Juzgado de Barcelona, cuyo titular es Juan Antonio Ramírez Sunyer, acordó además un total de 41 registros en el marco de la investigación por posibles preparativos del referéndum, seis de ellos en despachos de personas investigadas en sedes oficiales de la Generalitat. El magistrado también ordenó registros en tres empresas de Barcelona y en domicilios particulares. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la causa, que sigue secreta, está abierta por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, contempla a 20 investigados.