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URGENTE

La Guardia Civil avisó al juez sobre Joaquim Torra

El Govern buscaba recaudar dinero para el inicio de la República
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14/01/2019

Un informe de la Guardia Civil advirtió al juez de que el programa de homogeneización tributaria de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para recaudar impuestos estatales, que fue anulado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora reactivado por el Ejecutivo de Joaquím Torra, pretendía ser el embrión de la futura Hacienda catalana con la que recaudar los fondos iniciales, entre 4.500 y 5.000 millones, para “financiar inicialmente” la República catalana.

El documento de 165 páginas fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la creación de estructuras de Estado para la futura pretendida República.

El pasado 27 de diciembre, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciaba que en los próximos meses se reactivaría el “Programa de homogeneización tributaria” que puso en marcha el Gobierno de Puigdemont, anulado después por el 155, para recaudar los impuestos y las cotizaciones sociales de los ayuntamientos catalanes y las empresas y el sector público de la Generalitat.

Para ello, el Gobierno catalán realizó, durante el mandato de Puigdemont, convenios con los ayuntamientos, universidades y entes del sector público de la Generalitat, que se comprometían a liquidar el IVA, el IRPF y las cotizaciones de Seguridad Social con la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y con la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo. Estos, a su vez, asumían el compromiso de presentar las autoliquidaciones y los ingresos de las cuotas correspondientes de los tributos de titularidad estatal ante la Hacienda estatal y la Seguridad Social.

Para realizar todo este proceso, la Generalitat también encargó el desarrollo de un programa informático a IBM que costó 241.382 euros y también fue anulado por el Gobierno de Rajoy, con el gasto añadido de otros 16.162 euros que supuso su desactivación. Aunque el mayor desembolso no se llegó a realizar ya que el impulso de la administración digital que este programa requería llevaba aparejados de 2,93 millones de euros.