La Generalitat quiere participación ciudadana
El Gobierno dice que no tiene nada que negociar del asunto
Desde el Gobierno catalán se incluyeron en el orden del día de la comisión bilateral que tendrá lugar el próximo día 1 de agosto en Barcelona entre la Generalitat y el Estado, un punto cerca de las “vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro”.
Algunas fuentes del Gobierno central en manos del Partido Socialista restaron importancia a este punto, incluso aseguraron que en ningún caso tienen nada que negociar sobre este asunto, como expresaron algunos portavoces durante las últimas semanas.
Las vías de participación para decidir el futuro de Cataluña se centran en el punto seis del orden del día, con el epígrafe: “Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña”, en “materia de derechos y libertades” y “en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”.
Tras este punto, a continuación se tratará uno incluido por el Gobierno, para que la Generalitat de Catalunya vuelva a participar en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación de las que el ejecutivo catalán lleva ausente desde hace varios años.
Pero además de estos asuntos, existen otros temas pendientes obre los que las partes tienen previsto hablar. Se trata de asuntos integrados en diferentes ámbitos, como son los compromisos económicos y cuestiones fiscales, el intercambio de información sobre inversiones en infraestructuras, transporte y cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.
Sobre la mesa también estarán las diferencias entre el Estado y la Generalitat sobre el sistema educativo. Ambos hablarán sobre la aplicación de la legislación española y catalana tanto el ámbito educativo como lingüístico, e intercambiarán información sobra la actividad exterior que está llevando a cabo el Govern.
Para los puntos finales de la comisión bilateral del próximo miércoles, ambos bando tratarán la situación de los traspasos de funciones y servicios pendientes de formalizar, además de la conflictividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional.