La Audiencia continúa la investigación sobre el 17-A

Un año después de que una célula yihadista atacase a las centenares de personas que paseaban por La Rambla de Barcelona la tarde del 17 de agosto y, pasadas unas horas, por el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), la Audiencia Nacional continúa investigando activamente estos atentados, reivindicados por el Daesh.

Actualmente, tres personas se encuentran en prisión provisional por su presunta participación en los hechos: el que alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo en Barcelona; un herido en la casa que saltó por los aires en la que se estaba preparando la acción terrorista; y otra persona vinculada con la compra del material explosivo. El resto de los miembros del grupo yihadista fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra en Cambrils o fallecieron la noche anterior en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona).

Aún así, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que levantó a finales del mes de julio parte del sumario de la causa, sigue indagando en los hechos. Según las últimas diligencias conocidas, el magistrado pidió el pasado mes de junio información para conocer si los yihadistas se financiaron con “microcréditos” y en febrero puso bajo vigilancia a varias personas cercanas a la célula, como es el hermano del autor de los atropellos por comprar un disfraz de policía.

España no había sufrido ningún atentado yihadista desde el 11 de marzo de 2004 —en el que perdieron la vida 202 personas—. Los del 17 y 18 de agosto de 2017 se suman a los perpetrados en Europa (Niza, Berlín, Estocolmo, París o Londres) en los dos últimos años siguiendo el mismo “modus operandi”: atropellos múltiples y el uso de armas blancas.

Esta forma de actuar fue advertida por los Mossos d’Esquadra —por entonces dirigido por el mayor Josep Lluís Trapero, ahora procesado por dos delitos de sedición y organización criminal en relación al referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña— en un primer informe del 17 de agosto de 2017 en el que se solicitó al juez Andreu la autorización para proceder a registrar los domicilios de un grupo de 12 amigos y hermanos, sobre los que se sospechaba su implicación en los atentados.

Sobre las 16.30 horas de ese día, una furgoneta blanca, con el logotipo de una empresa de alquiler, recorrió más de 500 metros causando el pánico entre los viandantes que en ese momento se encontraban en el paseo situado en el centro de la ciudad. En ese momento, 13 personas perdieron la vida y otros centenares resultaron heridos, incluso de gravedad, de tal modo que una de ellas falleció horas más tarde en el hospital.

La alarma volvió a saltar en la madrugada del 18 de agosto cuando un coche con cinco personas en su interior, con cinturones de explosivos falsos y armados con cuchillos y hachas, esquivan un control policial y consiguieron entrar en el paseo marítimo de Cambrils.