Sale de prisión uno de los presuntos testaferros de Rato
La Audiencia Provincial pone en libertad de Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, tras estimar que decaen varias de las razones por las que el juez de instrucción de Madrid número 31, Antonio Serrano-Arnal ordenó su ingreso en prisión el pasado 16 de agosto. Está imputado por presuntos delitos relacionados con la causa en la que se investiga a Rato de fraude a Hacienda, blanqueo y de corrupción entre particulares.
Portuondo es responsable de la empresa Albisa S.L., que según la investigación habría actuado como empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad del exrpresidente del FMI, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.
La Audiencia de Madrid considera que se acreditan nuevas circunstancias personales que obligan a cambiar la situación procesal del investigado, como son la cancelación del arrendamiento de vivienda en Méjico y el cese de su relación con la empresa allí asentada; la situación económica que atraviesa tras el empobrecimiento padecido en su actividad empresarial, su arraigo familiar en España y un problema de salud por el que recibe tratamiento.
Este conjunto de hechos —consideran los magistrados— reduce sensiblemente el riesgo de fuga que en un primer momento se estimó determinante para decretar la prisión provisional.
No obstante, la Sala revoca la prisión provisional, pero obliga a Portuondo a hacer entrega de su pasaporte ante el Juzgado de Instrucción que sigue la causa, además de ordenarle que comparezca diariamente ante el mismo órgano de conformidad con lo previsto en el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En su recurso de apelación, la defensa de Portuondo alegaba la existencia de un agravio comparativo entre él y el resto de imputados en esta causa, que son más de una decena y ninguno de los cuales se encontraba en prisión, teniendo alguno de ellos bienes e inversiones en el extranjero. En su demanda aludía expresamente al propio Rato, a su secretaria Teresa Arellano y otro presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.