Dimite Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado

Según comunicaron fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado Torres-Dulce volverá a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional si bien desde otros ámbitos consultados por Europa Press no se descarta que abandone la Carrera Fiscal.

Para sustituirle sonaron nombres como el del presidente de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que parecen ahora descartados, y más recientemente los de magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la carrera fiscal como serían Antonio del Moral o Miguel Colmenero, ambos conservadores e integrantes de la Sala de lo Penal del alto tribunal.

La renuncia que Torres-Dulce comunicó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, se conocía en ámbitos del PP desde el pasado lunes aunque se dispararon este miércoles por la tarde después de que éste retirará sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.

Los miembros de este órgano consultivo celebraron después una comida de Navidad en la que Torres-Dulce no soltó prenda, si bien a esas horas ya se lo habría comunicado personalmente a algunos fiscales de Sala. Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, con el que seguía manteniendo no obstante una buena relación personal que ya no existía con el actual titular de la cartera.

El desencuentro viene de lejos y podría estar relacionado con la defensa de la autonomía fiscal de la que Torres-Dulce vino haciendo gala desde el comienzo de su mandato y que se habría evidenciado, para disgusto del Gobierno, en la gestión que Anticorrupción realizó de asuntos clave para el PP como son los casos “Gürtel” y el de los “papeles de Bárcenas”. El hasta ahora fiscal general dejó muy libre criterio a los fiscales designados en estos asuntos.

Las quejas públicas de Torres-Dulce contra el Gobierno comenzaron a hacerse públicas a cuenta de los planes de Gallardón para el Código Procesal Penal, que no cumplían con sus expectativas para lograr la instrucción penal por los Fiscales.
Más adelante, el enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

La “radiografía”, como el mismo Torres-Dulce la llamó, que la prensa hizo del proceso de elaboración de la querella puso negro sobre blanco que el fiscal general y el Gobierno no compartían criterio sobre los tiempos de presentación de la misma. Así se evidenció durante la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que fue él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que mantuvieron posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos “Bolinaga” y “Matas”.

“No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito”, afirmó. “Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo”.