CiU propone subvenciones salariales para nuevos contratos  en prácticas o de formación de la Garantía Juvenil 

En la propuesta, que recoge Europa Press, se sugiere que quienes  firmen un contrato en prácticas o para la formación y el aprendizaje  con un joven beneficiario de la Garantía Juvenil quede eximido  durante seis meses del pago de unos 320 euros (según el SMI de 2014)  de su salario, siempre y cuando el contrato se firme antes del 30 de  junio de 2016 y se mantenga al menos durante medio año.   CiU pide también elevar a 30 años la edad límite para acogerse la  Garantía y que se reclamen fondos complementarios a la UE, que  deberían ser transferido a las comunidades autónomas. Asimismo, se  propone reducir de tres a un mes el periodo previo durante el que el  joven no puede haber recibido formación para poder inscribirse en la  Garantía, salvo que no se disponga del graduado de Secundaria, en  cuyo caso no se exigirá este requisito.   En relación con otras materias laborales, los nacionalistas  catalanes piden recuperar la posibilidad que existía antes de la  reforma laboral del PP de que los trabajadores puedan solicitar a la  autoridad laboral el inicio de un expediente de regulación de empleo  si el empleador no lo hace y con eso les perjudica.

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   Los nacionalistas catalanes también aprovechan este 'macrodecreto'  para plantear una amplia batería de propuestas en relación con los  trabajadores discapacitados. En concreto, se pide que las  bonificaciones se mantengan durante todo el tiempo que estén dados de  alta como autónomos (y no sólo cinco años), que no se pierdan si se  contrata a otro empleado y que equivalgan al 100% del total de la  base del Régimen Especial vigente en cada momento. El objetivo sería  "superar las tasas extraordinariamente bajas de empleo" de este  colectivo, que también sufre mucho paro.   Reclaman asimismo que las ayudas a los Centros Especiales de  Empleo para subvencionar el coste salarial de trabajadores con  parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual de al  menos el 33% o física o sensorial a partir del 65% equivalga al 75%  del SMI, recuperando así "con carácter general" una medida que ya  estuvo en vigor en 2009 y 2010 con un "impacto muy positivo".   Además, en un plazo de un año se debería aprobar una ley para  favorecer el mantenimiento del empleo entre personas con discapacidad  sobrevenida, y se exige que los minusválidos puedan acceder a una  renta mínima de inserción sin tener que acreditar que han agotado  otras prestaciones.   Por otra parte, se pide que trabajadores o funcionarios  discapacitados o que tengan a su cuidado directo a un discapacitado  tengan derecho a adaptar su jornada, horario y turno de trabajo si  tienen que acudir a tratamientos de rehabilitación, sin que la  empresa pueda denegar la solicitud.   En este mismo sentido, CiU pide ampliar de dos a tres años la  excedencia máxima para cuidar a un familiar de hasta segundo grado  por edad, accidente, enfermedad o discapacidad, igualando así el  periodo permitido para cuidar a un menor.   También se reclama comprobar que las empresas cumplen con las  obligaciones de trabajadores discapacitados (2% de la plantilla) para  contratar con la Administración y que se excluya de cualquier  subvención a quienes no respeten este precepto o hayan sido  condenados por discriminación o vulneración de las normas que  favorecen a los discapacitados. Finalmente, se propone fijar en un 7%  el importe de la contratación pública anual que debe reservarse a  Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

OTROS DERECHOS SOCIALES   Las enmiendas también sugieren que las pensiones no contributivas  de invalidez sólo estén ligadas a la renta y patrimonio personal del  beneficiario, y no al familiar, y que se incrementen los ingresos por  trabajo que se pueden compatibilizar con dicha pensión. Asimismo, se  pide suprimir el plazo máximo de cuatro años en el que se permite  esta compatibilización, que debería ser indefinida.   En cuanto a la llamada 'Reforma Amanda', que permite que los  padres de un bebé fallecido tras seis meses de gestación puedan  inscribirlos en el Registro Civil con un nombre, CiU pide que entre  en vigor el próximo 1 de enero y que se aplique a cualquier  ciudadano, independientemente de la fecha del suceso. No obstante,  pide que se retrase al menos hasta julio de 2016 el resto de cambios  que afectan al Registro Civil para poder plantear una ley  independiente y negociada.

DESCENTRALIZACIÓN AEROPORTUARIA   El 'macrodecreto' también incluye cambios en materia  aeroportuaria, que CiU aprovecha para exigir que se suprima el  proceso de privatización de Aena, ya que dificultará la  descentralización en la gestión de los aeropuertos. En este sentido,  se pide anular la consideración de todos los aeropuertos como  infraestructuras de interés general para que las comunidades  autónomas puedan reclamar la titularidad sobre los que dejen de  serlo.   En este sentido, los nacionalistas catalanes van más allá y  proponen que en un plazo máximo de tres meses se traspase la gestión  de El Prat a la Generalitat de Catalunya y la titularidad y gestión  de los aeropuertos de Gerona, Reus y Sabadell. También pide que se  permita una "participación mayoritaria y determinante" de las  comunidades en la gestión de los aeropuertos de interés general, más  allá de los Comités de Coordinación Aeroportuaria, y que no se  reduzca su participación en estos órganos, algo que interpretan como  un intento de centralización.

CAMBIOS TRIBUTARIOS   En materia fiscal, proponen que los cambios sobre la tributación  de las participaciones preferentes en el IRPF se puedan aplicar a  todos los ejercicios no prescritos, y no sólo al de 2014, y que la  exención de plusvalías en las daciones en pago sólo se aplique a las  personas físicas, previendo además controles posteriores de los  ayuntamientos para facilitar su tramitación pero permitiendo la  reclamación de todo el tributo en caso de comprobarse que los  afectados tenían bienes para poder pagar su deuda hipotecaria.   Por otra parte, se propone que la reducción al 15% de las  retenciones a los autónomos se aplique si los rendimientos íntegros  del año anterior fueron de 22.000 euros (y no de 15.000 euros como  dice el Gobierno), y que se eleven del 18% al 35% las deducciones en  el Impuesto de Sociedades por inversiones en cine.  

En cuanto al Impuesto sobre depósitos bancarios, CiU quiere que se  compense a Cataluña con al menos 600 millones anuales por la pérdida  de recaudación que causará la imposición de un tipo inferior al que  pretendía aplicar la Generalitat.   Entre el resto de medidas, se pide respeto por las competencias  autonómicas en diferentes ámbitos, que los límites a las comisiones  por uso de tarjeta se apliquen también al pago a las administraciones  públicas, que se cambie la excesivamente "restrictiva" regulación  sobre los drones, o que se apruebe un plan para garantizar la  continuidad de las plantas de tratamiento de purines, incluyendo un  periodo transitorio en el que se mantengan las retribuciones  anteriores a la reforma.