Empujones para echar a Iglesias

Vox insistió en la necesidad de que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no forme parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que entre otras cosas controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), más aún tras el “cerco judicial” que le acecha. El partido liderado por Santiago Abascal presentó una batería de preguntas en el Congreso para saber si la reciente imputación de Podemos en la investigación sobre su financiación “hará cambiar el criterio” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la “idoneidad” de Iglesias para formar parte de este órgano.

Vox sostiene que la cúpula de Podemos “era partícipe o al menos conocedora” de los hechos que está investigando el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que imputó al partido como persona jurídica además de citar a declarar como investigados a tres dirigentes.

Para Vox, esto es “causa suficiente” para que Sánchez “retire su confianza” a Iglesias y le “excluya” de la comisión que controla el CNI “por pérdida de confianza y atendiendo al cerco judicial que se cierne sobre su persona y la formación política Unidas Podemos que lidera”.

Además, pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez si considera que la situación judicial de Iglesias podría “comprometer” los intereses de España, además de saber si considera que el líder de Podemos reúne los requisitos de idoneidad que se requieren para la denominada “Habilitación Personal de Seguridad”, que sin embargo no se exige a los miembros del Ejecutivo.

Vox ya recurrió ante el Tribunal Constitucional la modificación de la composición de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que abrió la puerta a Iglesias, incluida por el Gobierno en el real decreto de medidas económicas para paliar las consecuencias que se derivan de la covid-19.

EN LOS TRIBUNALES. El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ordenó que se facilite a Podemos un CD con la declaración íntegra de José Manuel Calvente, el abogado despedido del partido el pasado diciembre que denunció irregularidades en las cuentas. De esa forma, asume que inicialmente no se le había proporcionado la grabación completa. Podemos, imputado como persona jurídica en esta investigación, había solicitado por dos veces al magistrado instructor, Juan José Escalonilla, la declaración completa, pues en el órgano judicial solo se le había hecho entrega de 41 minutos cuando en realidad la comparecencia se prolongó casi tres horas.

Al no recibir respuesta, el partido morado presentó un escrito en el juzgado en el que explicaba la situación, así como la mala calidad del sonido de los 41 minutos de que disponía, por lo que solicitó al juez que declarara nula la declaración de Calvente, así como todas las diligencias que se habían acordado tras el testimonio, como la imputación del secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, del tesorero y de la gerente. Escalonilla aún no dio respuesta a ese escrito, presentado el 5 de agosto. En este tiempo, el partido Vox, que está personado en la causa como acusación popular, también requirió copia de la grabación de Calvente, a lo que el juzgado, en una diligencia del letrado de la Administración de Justicia, contestó ordenando que se le entregue. La resolución reconoce que en el CD que se había entregado anteriormente a Podemos “no consta toda” la declaración.