El Tribunal Constitucional declara nula la ley del referéndum catalán
La Fiscalía busca implicar a Trapero en la sedición pidiendo ampliar la investigación
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley denominada “del Referéndum de Autodeterminación” aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre y que fue suspendida cautelarmente un día después. Dicha suspensión supuso la prohibición expresa de celebración de la consulta del pasado 1-0 sobre la que se sustentan los planes secesionistas del Gobierno de Cataluña.
El tribunal de garantías, que estima el recurso presentado por la Abogacía del Estado, afirma que la norma catalana invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española.
Sostiene, asimismo, que durante la tramitación parlamentaria de la ley el Parlamento de Cataluña incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo”, afectando de ese modo a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes. La sentencia, de la que fue ponente el Magistrado Andrés Ollero, asevera que “un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”. La sentencia analiza los vicios de inconstitucionalidad denunciados por la Abogacía del Estado desde tres distintas perspectivas: la competencial, la sustantiva y la relativa a la tramitación parlamentaria. Ni el Parlamento de Cataluña ni el Gobierno de la Generalitat formularon alegación alguna tras la suspensión de la vigencia de esta Ley.
Antes de entrar en su análisis, el Tribunal realizó algunas consideraciones sobre el supuesto derecho a la autodeterminación en el que la norma recurrida dice fundarse y que nacería del contenido de determinados tratados internacionales suscritos por España. Así, el derecho de autodeterminación, entendido como “‘derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España”, no está reconocido en la Constitución, y tampoco cabe entender, señala la sentencia, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico por vía de tratados internacionales.
El TC recuerda que “el derecho de libre autodeterminación” de los pueblos que proclaman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales (ambos suscritos por nuestro país) quedó limitado en “diversas resoluciones inequívocas de las Naciones Unidas” a los casos de “sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”.
implicaciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional busca concretar la implicación del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, en el delito de sedición que investiga la jueza Carmen Lamela, para lo cual su próximo paso será pedir a la magistrada que la instrucción ya iniciada por los incidentes de los días 20 y 21 de septiembre se extienda a los hechos acaecidos el 1 de octubre.
También, según explicaron fuentes fiscales, el Ministerio Público no descarta recurrir la decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de dejar en libertad a Trapero. Ayer, la magistrada envió a prisión provisional a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero dejó libres con medidas cautelares —retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales— al mayor de los Mossos y a la intendente Teresa Laplana.
El secretario general Pedro Sánchez, anunció que el PSOE pedirá la comparecencia en el Congreso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el marco de la comisión creada a iniciativa de los socialistas para revisar el modelo territorial de España. Ese foro parlamentario, dijo, “es el lugar para abordar las modificaciones legislativas que resuelvan la crisis política”. El Congreso, agregó, es la “institución mediadora para empezar a resolver esta crisis”. Theresa May
La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, habló con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le trasladó que el gobierno británico no reconoce el referéndum del 1 de octubre ni tampoco reconocerá una independencia de Cataluña. May reiteró la posición británica de que el referéndum de independencia careció de base legal y añadió que una declaración unilateral iría contra el Estado de Derecho y por lo tanto no sería reconocida por Londres.
El portavoz adjunto del PDeCAT en el Congreso, Jordi Xuclà, avisó al Pleno del Congreso de que no cabe una eventual reforma constitucional para solucionar la crisis abierta en Cataluña cuando está “a punto” de activarse el artículo 155 de la Constitución y con la existencia de “presos políticos”, en referencia al encarcelamiento de los presidentes de ANC y Ómnium Cultura, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El independentista catalán remarcó que el PDeCAT no tiene “nada que celebrar”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó que los líderes presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión condicional desde este lunes, sean presos políticos y vincula la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a la “hipotética comisión de un delito”. Asimismo, dijo que no cree que se deba promover la ilegalización de partidos independentistas porque sus programas sean “contrarios”.
juan ignacio zoido
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió en el acto del Día de la Policía celebrado en el Congreso que en España existe separación de poderes y que, por tanto, “es evidente que nadie está preso por pensar de una forma u otro, sino por incumplir la ley”. “El Gobierno se encarga de gobernar; los jueces se encargan de aplicar las leyes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de que éstas se cumplan”, subrayó el ministro ante los policías.