El PP a juicio por los discos duros destruidos de Bárcenas

La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, procesó al PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación, Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. En un auto, la magistrada concluye la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a “conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”. En concreto, por el delito de daños informáticos, la magistrada asegura que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera “conocía sobradamente el apoderamiento y la custodia” de dichos dispositivos y “permitió” que Moreno ejecutase dicha orden “a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello”. En cuanto al PP, Freire considera que no estableció “un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de esos delitos” y que actualmente no existe un inventario de los elementos informáticos que ha habido en “Génova”.

Además, califica de “simple folio” el documento que el PP aportó, denominado “procedimiento de borrado seguro”, y precisa que no se puede considerar “serio y riguroso” al no existir un “protocolo interno de seguridad” que fuese conocido por los trabajadores y responsables del departamento informático. Por ello, recalca que esto “permitió que personas de su organización” cometiesen este delito, por el que ahora se le procesa. Con respecto al delito de encubrimiento, la titular del Juzgado número 32 de Madrid dice que es aplicable al abogado y a la actual tesorera de la formación porque conocían la investigación judicial en curso sobre la presunta financiación ilegal del PP.

Según su criterio, el borrado de los ordenadores tuvo el objetivo claro de impedir que datos relativos a la contabilidad “B” de la formación política salieran a la luz.