El Gobierno pide un informe para “reducir” el aforamiento

El Gobierno acordó pedir al Consejo de Estado una propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar el aforamiento de los miembros del Gobierno, diputados y senadores al “estricto ejercicio” de sus funciones como cargo público, excluyendo “obviamente los delitos de corrupción”.

Así lo anunció la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que esta reforma que busca el Ejecutivo persigue avanzar en la “mejora de la calidad democrática” haciendo que el fuero del que disfrutan en la actualidad los miembros del Ejecutivo y de las Cortes deje de considerarse “un privilegio”.

Con la petición de este informe al Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, el Gobierno inicia el procedimiento para modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, que consiste en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

A diferencia de lo que el Gobierno dio a entender esta semana desde que el lunes pasado el jefe del Ejecutivo anunciara que presentaría una propuesta para “eliminar los aforamientos”, este viernes el Gobierno no aprobó su propuesta de anteproyecto de ley, sino que le encargó una primera redacción al Consejo de Estado.

Celaá no dio plazos para que el Consejo de Estado elabore su propuesta y tan solo se limitó a señalar que el Gobierno espera que el proyecto de ley, una vez llegue al Parlamento, pueda ser tramitado y aprobado en el plazo de 60 días. La portavoz también justificó el sentido de pedir informe con carácter previo al Consejo de Estado —antes y no después de que el Ejecutivo redacte su propuesta— para que desde el principio este órgano asesor “pueda contribuir a la calidad normativa del texto”. Además, cree que hacerlo así puede favorecer el consenso con otras fuerzas políticas. En el acuerdo que el Gobierno remitirá al Consejo de Estado se incluyen, según Celaá, “los objetivos y directrices de la reforma constitucional” que pretende el Gobierno y que, en este trámite, no incluye una reforma adicional del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra “disminuido” por otra fórmula más digna para las personas con discapacidad, como un alto cargo del Ejecutivo avanzó el lunes pasado. Celaá remarcó que con esta reducción quieren acercar a España al resto de los países de la Unión Europea, donde la tónica habitual es que solo los miembros del Gobierno estén aforados.