El Gobierno avisa a Puigdemont
Rajoy explica que el artículo 155 “no implica la suspensión del autogobierno”
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aseguró al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla” al requerimiento del Gobierno acerca de si la pasada semana declaró o no la independencia. Tras recalcar que se trata de una “aclaración absolutamente necesaria” , advierte de que si no apuesta por recuperar la normalidad y lealtad institucional, será “el único responsable de la aplicación de la Constitución” , en alusión al artículo 155.
Así se recoge en la carta que Rajoy envió a Puigdemont, que previamente le remitió otra misiva sin aclarar si proclamó o no la independencia en el Parlament el 10 de octubre y pidiendo una reunión “lo antes posible” para resolver el conflicto en Cataluña. Además, pone encima de la mesa dos demandas: una reunión Generalitat-Estado y el fin de la “represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña”.
Antes de viajar a Galicia para visitar las zonas afectadas por los incendios, que ya causaron tres muertos, Rajoy respondió al presidente catalán —encabeza la carta con “Molt Honrable Sr. D.Carles Puigdemont”—, al tiempo que conversaba con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, según confirmaron fuentes de Moncloa
Rajoy señala que el requerimiento es una “oportunidad” para “reconducir el grave deterioro de la convivencia que se vive en Cataluña” , para que la Generalitat “vuelva a la ley y, a partir de ahí, se recupere la normalidad institucional entre administraciones” . Según recalca, se trata de una “llamada a la claridad política” , ya que, el presidente catalán tiene la “obligación” de explicar a los ciudadanos qué pasó y si su voluntad es cumplir o no las leyes.
“Es una aclaración absolutamente necesaria. No sólo el Gobierno de España sino todos los catalanes, tienen derecho a saber con certeza si su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento o la firma posterior de un documento redactado en términos inequívocos implican la declaración de independencia, al margen de que ésta se encuentre o no en vigor” , subrayó.
Por eso, confía en que en las horas que faltan hasta el segundo plazo del requerimiento —el jueves 19 de octubre a las 10.00 horas —responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen porque “prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a los que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical para Cataluña”.
Además, Rajoy subraya que el requerimiento que le mandó supone el “paso previo” al procedimiento establecido en el artículo 155 que “no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía” , en “contra” de lo que sostiene el Gobierno catalán.
Tras asegurar que no puede aceptar la existencia de lo que Puigdemont denomina “conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña” , el president destaca que los ciudadanos nunca gozaron de más libertades que esta etapa.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no precisó en su carta de respuesta al Gobierno si proclamó o no la independencia en el Parlament el 10 de octubre y emplazó al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, a concretar una reunión “lo antes posible para explorar los primeros acuerdos” para resolver “de una vez por todas” el conflicto en Cataluña.
En la carta, consultada por Europa Press, Puigdemont se limita a informar de la “suspensión del mandato político de la urnas del 1 de octubre” —la declaración de independencia—, y reivindica que lo hizo con la voluntad de encontrar una solución.
Así, Carles Puigdemont evita concretar la principal petición que le formulaba el Gobierno central: si declaró la independencia aunque fuera por unos pocos segundos; y pone encima de la mesa dos demandas: una reunión Generalitat-Estado y el fin de la “represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña”.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por el delito de sedición, según informaron fuentes jurídicas.
Así, le impuso comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio español, indicación de un teléfono de contacto donde esté localizable “inmediatamente” e indicación de una persona para que reciba cualquier tipo de notificación.
Así lo decidió la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 después de tomar declaración durante dos horas a Trapero y a la vista de las informaciones aportadas por la Guardia Civil en los atestados sobre los incidentes acaecidos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre durante el referéndum.
La magistrada, por tanto, no siguió el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitó prisión incondicional para el mayor del cuerpo policial de Cataluña.
Antes de Trapero declaró la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien la magistrada impuso, por el mismo delito, la medida cautelar de comparecer cada quince días ante el juez y la prohibición de abandonar el territorio nacional.
de ANC y Òmnium
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por promover las concentraciones del pasado 20 y 21 del mes de septiembre en Barcelona.
La magistrada atiende la petición de la Fiscalía tras tomarles declaración por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición, penado con hasta diez años de cárcel y les envía a prisión al entender que en las convocatorias hechas por los líderes soberanistas se hacía un llamamiento, no a una manifestación pacífica, sino a la “protección” de los gobernantes catalanes mediante “movilizaciones ciudadanas masivas”.
Así lo expuso la juez en el auto por el cual ha acordado la libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Los cuatro fueron citados a declarar por segunda vez tras el nuevo atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa sobre los incidentes ocurridos durante registros y detenciones a miembros del Govern que planeaban el referéndum ilegal y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre
Como ya hicieran en su primera declaración, los dos acusados se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público. Sánchez contestó a su letrado mientras que Cuixart se acogió a su derecho de no declarar, según informan fuentes jurídicas a Europapress.
Según el último atestado de la Guardia Civil, ambos fueron responsables de “alentar a la masa” llamando a la protesta frente a la Consejería de Economía —de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 horas— y ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).