El Gobierno alerta del riesgo de recesión en Cataluña
La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha alertado este viernes de que se están creando “todas las condiciones para sumir a Cataluña en una aguda desaceleración, incluso en una recesión económica”. Por eso, ha dicho que es tiempo de recuperar la normalidad institucional poniendo fin a la “inestabilidad” y ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abrir un diálogo en el Congreso de los Diputados.
Sáenz de Santamaría ha desvelado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado al Consejo de Ministros un informe, de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario para 2018, que señala que “debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo”, pero que ahora el Gobierno ve de modo “más prudente” por la situación de Cataluña.
“Si no hubiera una pronta solución a este asunto nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para 2018”, ha advertido la vicepresidenta, que ha esgrimido las advertencias de las agencias de calificación, que ya alertan de que si sigue la inestabilidad política y las empresas se siguen marchando, puede provocar una recesión en Cataluña. UNA COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL MODELO TERRITORIAL
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el requerimiento que se ha enviado a Puigdemont incluye una “pregunta sencilla” para que aclare con un ‘sí’ o un ‘no’ si ha declarado la independencia de Cataluña. A su entender, si tiene “voluntad política” tiene la vía para “regresar al marco constitucional de convivencia y al sistema democrático de derecho”.
Dicho esto, ha subrayado que se ofrece a Puigdemont diálogo “en el marco de la ley” y en el Parlamento nacional, que es donde se toman “las grandes decisiones del país” y está representado “todo el pueblo español”. Según ha añadido, se trata de una “oferta sensata, moderada y entendible” que no procede solo del Gobierno sino de “una amplísima mayoría del Congreso” que, además, demuestra que “el diálogo no hay que exigirlo sino practicarlo”.