Citan a Rajoy por el caso Gürtel

El tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999­2005) aceptó citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa. La petición prosperó —a la tercera—, a petición la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

La decisión se adoptó a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, del abogado del Partido Popular y varios letrados de la defensa. “Por mayoría, la Sala considera esta prueba admisible”, señaló el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, evidenciando la falta de unanimidad de una citación de la que aún no se anunció la fecha.

A falta de concretar cómo se producirá la declaración de Rajoy en el juicio, el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) establece que cargos como el del presidente del Gobierno están “exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito” si son citados por “hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo”.

Sin embargo, como en este caso Mariano Rajoy va a testificar por cuestiones no relacionadas con su cargo actual, sino con el que desempeñó como secretario general del Partido Popular entre los años 2003 y 2004, la ley fija que dicha declaración aunque “presencial” pueda desarrollarse en su domicilio o despacho oficial.

En todo caso, es la Sala la que tiene la última palabra con respecto a este asunto y también habrá que esperar a ver si el jefe del Ejecutivo decide presentar alguna petición concreta, como declarar por videoconferencia.

En España no se conocen precedentes en los que un presidente del Gobierno haya declarado ante un tribunal, ya que Felipe González lo hizo por escrito en 1991 durante la instrucción del caso por el secuestro de Segundo Marey, y en 1998 declaró de forma presencial por este asunto ante el Tribunal Supremo, pero entonces ya había dejado el cargo.

Como testigo, Mariano Rajoy estará obligado en todo caso a responder a las preguntas de todas las partes y además a decir verdad bajo apercibimiento de incurrir en delito de falso testimonio si así no lo hiciera. Esta figura procesal no goza de las prerrogativas de los investigados, que pueden elegir qué preguntas contestan y así, seguir una estrategia de defensa que les pueda permitir mentir.

Al inicio de la sesión con la que se reanudó la vista por este caso la fiscal, Concepción Nicolás se mostró contraria a la petición de testifical de Rajoy.