Bélgica pide información sobre el sistema penitenciario
La Fiscalía de Bruselas reclama una lista de aclaraciones antes de la vista oral con los cinco políticos catalanes
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecerán ante el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada contra ellos por España, aunque lo más probable es que el juez no tome una decisión hasta pasados unos días.
La vista está fijada para las 14:00 horas en la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia belga) y los cinco acusados comparecerán de forma conjunta ante el mismo juez, acompañados por un equipo de once abogados belgas.
La sesión se celebrará a puerta cerrada y habrá un intérprete español-neerlandés, ya que éste fue el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra.
El juez podría tomar una decisión hoy mismo si considera que cuenta con toda la información necesaria para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su decisión varios días hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes.
Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza, aunque fuentes del entorno del expresidente catalán descartaron que su intención sea pedir un aplazamiento, salvo que la Fiscalía bruselense presente datos que “requieran su estudio”.
La Fiscalía de Bruselas, que defenderá en la sala si las euroórdenes dictadas se ajustan a derecho y recomendará su ejecución o no, pidió a la Audiencia Nacional información “adicional y exhaustiva” de la “situación penitenciaria” en las cárceles españolas, según confirmaron a Europa Press.
Se trata de un escrito en el que se interroga a las autoridades españolas sobre las “condiciones de encarcelamiento” en las prisiones del país, sobre el “tipo de tribunal” que juzgaría a los cinco acusados en España y sobre el “procedimiento judicial español”. La defensa de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín sostendrá ante el juez que “sin lugar a dudas se trata de un caso político” y que las euroórdenes firmadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están “formuladas de una forma muy mala”, explicaron a Europa Press fuentes cercanas.
También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España —rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación— cumplan con el principio de “doble imposición”, según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.
El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, explicó que si gana las elecciones del 21 de diciembre propondrá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a las autoridades europeas abrir una “nueva etapa de diálogo” sobre Cataluña. “Si en las próximas elecciones ganamos, propondré al señor Rajoy, a Juncker y a Tajani aceptar y empezar una nueva etapa para el diálogo y la negociación sobre la realidad” que salga de los comicios, explicó en una entrevista en el programa que pilota el exprimer ministro escocés Alex Salmond en la cadena RT. También confirmó en que vencerán las candidaturas independentistas: “Tenemos que tener confianza, ser fuertes. Ganaremos, tendremos éxito. Finalmente, la democracia prevalecerá”. Puigdemont plantea que la ONU y su secretario general, António Guterres, interceda instando a la negociación entre las partes: “No hay posibilidad de tener éxito en este proceso sin una negociación. Propongo hablar de ello”, aseguró.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó que la crisis política en Cataluña derivada del desafío independentista “ya no es una amenaza” para la continuidad de la recuperación económica desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y destacó que todos los partidos que concurren a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña “han aceptado ya la aplicación de la legalidad vigente”.
Durante la inauguración de las las Jornadas Tributarias “Asesores Fiscales: Transformar para Innovar”, organizadas por el Reaf-regaf del Consejo General de Economistas (CGE), Montoro indicó que la crisis política en Cataluña se erigió como un “problema” y una “amenaza” para la continuidad de la recuperación, si bien “ya no lo es”, desde la aplicación del artículo 155 y la intervención de la Comunidad desde la Administración General del Estado.
Montoro explicó que el control de pagos establecido por Hacienda en septiembre fue para garantizar que “ningún euro fuera a actividades ilegales ante una Administración que se declaró poco menos que en rebeldía”, y subrayó que el Estado “puede actuar y actúa en aras de normalizar la relación entre administraciones”.
“Hoy las administraciones están funcionando”, remarcó el ministro de Hacienda y Función Pública, quien valoró la “actitud” de los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, que “atienden al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la normativa”, lo que está haciendo que no haya “ningún tipo de incidencia en esta situación de excepcionalidad”, que “en una democracia acaba con la convocatoria de elecciones”.
El Grupo Socialista registró una petición para que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparezca en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso —que se celebra a puerta cerrada para preservar la confidencialidad de lo allí tratado— para informar de la presunta injerencia rusa en Cataluña. En esa Comisión de Gastos Reservados, que es también la encargada de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sólo tienen presencia los diputados, uno por cada grupo parlamentarios, que fueron elegidos por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto: Rafael Hernando (PP), Margarita Robles (PSOE), Irene Montero (Unidos Podemos), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNV) y JOrdi Xuclà (PDeCAT-Mixto). Los socialistas quieren conocer de primera mano qué injerencias se produjeron y qué actuaciones adoptó el Gobierno frente ellas, explicó la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Margarita Robles.