IU denuncia ante el Seprona el vertido ilegal de residuos

Izquierda Unida ha presentado una denuncia en el Seprona para que se investiguen las supuestas irregularidades que se puedan estar cometiendo contra el Medio Ambiente en una charca situada junto a la empresa ecológica Lamarca. “Un problema que incluso podría estar afectando a la salud de los marteños”, señala el secretario general, Antonio Funes. Según el escrito, se está vertiendo algún tipo de residuo maloliente en una de las charcas existentes en el interior de la parcela de la citada empresa, emanados —supuestamente— desde la misma y de varios camiones cisterna que, al parecer, proceden de otros puntos de Andalucía; los cuales pueden ser constitutivos de emisiones contaminantes a la atmósfera, suelo y agua de la ciudad.

Además, la coalición presenta un informe de calidad del aire que se realizó entre septiembre de 2014 y abril de 2015 por la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, el cual recoge que son muchas las partículas y metales procedentes de las chimeneas, aunque ninguno llega a superar el valor límite que marca la ley. Excepto el Benzopireno, una sustancia cancerígena, que sí supera ese mínimo recogido en la legislación. Por lo tanto, este informe, unido a la última sanción económica que Lamarca recibió por emisión de humo negro e incremento de maquinaria sin autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “nos hace estar atentos y llevar un seguimiento exhaustivo”, destaca Funes. De igual forma, son reiteradas las protestas y quejas por parte de los vecinos de Martos, a través de las redes sociales, por el humo y olores que desprenden las diversas chimeneas de la orujera. “Nosotros hemos decidido llevar este problema al próximo pleno, con la intención de tener conocimiento sobre el control y seguimiento que se realiza a la empresa por parte de las administraciones competentes”, manifiesta el secretario general de IU.

La agrupación toma esta medida tras haber recopilado varios datos e informes sobre el problema, en los que se asegura que no se están haciendo las cosas de forma correcta, y también tras una moción presentada en 2014, y que se aprobó por unanimidad, en la se pedía un estudio técnico al Ayuntamiento sobre la empresa ecológica, con el fin de poder tener datos contrastados de las emisiones y vertidos de la misma. “El nerviosismo que demuestra el equipo de Gobierno al debatir este problema no lo entendemos, ya que, según ellos, esta empresa cumple con la legislación. Esperamos que, si hay algún tipo de irregularidad o ilegalidad, se corrija, ya que nosotros no queremos que se cierre la orujera, sino que se haga todo dentro de la legalidad y sin perjudicar la salud de los vecinos”, explica Antonio Funes.