Viera y Fernández son imputados por los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, imputó a los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera por la ayuda sociolaboral de 6,3 millones de euros concedida en 2001 a la empresa Yogures Andaluces S. A. (Yogan).

En un auto al que tuvo acceso Europa Press la magistrada acuerda llamar al procedimiento en calidad de investigados a los exconsejeros, al “conseguidor” de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y a otras tres personas relacionadas con esta ayuda. La juez entiende que los hechos investigados “podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y explica que lo que se indaga es el ERE 1/2000 acometido en esta empresa, el procedimiento seguido para la solicitud y autorización del ERE, así como la contratación por parte de Yogan de una póliza de seguros para la prejubilación de 54 trabajadores. Al hilo, precisa que la póliza se firmó el 31 de enero de 2001, figurando como tomador la propia empresa y como beneficiarios cada uno de los trabajadores afectados, de manera que la empresa Capsa (Central Lechera Asturiana) abonó 1,8 millones del primer pago de la póliza de rentas y, en fecha de 30 de abril de 2001, la Junta pagó a través de una ayuda al ERE la cantidad de 6,3 millones.

En el auto consultado por Europa Press, y además de citar como investigadas a las personas referidas, la instructora requiere a la Junta para que, “no constando expedientes o documentación de expedientes”, aporte “el expediente, incluido el de reintegro si procede”, y libra oficio a la Intervención General de la Junta para que emita informe sobre la “idoneidad legal y el procedimiento contable”. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez que citara a declarar como investigados a los exconsejeros y al resto de personas aludidas e interesó que, una vez dictado el auto acordando lo solicitado, “sea inmediatamente notificado personalmente, a través de la Guardia Civil, a los investigados, con la finalidad de evitar el riesgo de prescripción, habida cuenta de la fecha en la que se produjo el último pago de la ayuda por parte de la Junta de Andalucía”.