Torres Hurtado, al banquillo

El excalde de Granada será juzgado por corrupción en septiembre

29 ago 2016 / 10:15 H.

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) declarará el próximo 29 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada en el marco de la investigación abierta por posible prevaricación y otros delitos relacionados con la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble del siglo XVI situado en el Albaicín, a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

El exregidor prestará declaración ante el magistrado José Luis Ruiz Martínez a partir de las 10,00 horas, y abre así una ronda de declaraciones en la que le seguirá la exedil de Urbanismo Isabel Nieto, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. Nieto prestará declaración ante el instructor el 30 de septiembre, también a las diez de la mañana, en el marco de las diligencias que ordenó practicar el Juzgado tras admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra siete personas por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos. Entre estas personas se encuentra también el director técnico de obras municipales en el momento en el que se fraguó la operación, Manuel Lorente, que prestará declaración el 5 de octubre a la misma hora; y otro funcionario cuya declaración está prevista para el día siguiente. El representante de la ONG marroquí a la que se adjudicó la Casa Ágresa hará lo propio el 10 de octubre, según precisaron las mismas fuentes. Esta nueva investigación se suma a la de la “Operación Nazarí”, que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril.

El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca —hoy alcalde—, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quienes acusaban al equipo de gobierno del PP de haber “enajenado” un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio “que apenas alcanzaba” el valor del suelo en el que se sitúa. Tras la denuncia —a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto—, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre. Finalmente se inició un expediente por parte de Urbanismo, cuando el asunto correspondía a Patrimonio, al tratarse el inmueble de un bien con calificación patrimonial y era en esa Concejalía donde incluso se custodiaban las llaves del palacete.