Presunto delito “masivo” en la financiación de la agencia IDEA

El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, abrió diligencias previas de investigación por un presunto delito “masivo” en la financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). En concreto, se analizarían transferencias de financiación a este organismo desde distintas Consejerías del Ejecutivo autonómico al margen del programa 31-L.

En rueda de prensa en Sevilla, el vicesecretario de Coordinación Política del PP andaluz, Toni Martín, recordó que la figura de la transferencia de financiación está pensada para el traspaso de fondos de un departamento a otro de la administración “sin apenas control”, teniendo en cuenta, no obstante, que sólo puede ser usada para evitar pérdidas de organismos dependientes de la administración, es decir, para “tapar agujeros” o solventar desequilibrios presupuestarios.

Así, “no se puede dar subvenciones”, pues ello, expuso Martín, contraviene la ley, siendo lo mismo que ocurrió en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. A juicio de los populares, el fondo de la cuestión podría constituir un “descomunal” ‘fondo de reptiles’, con la llegada de dinero desde diversos departamentos de la Junta para que el Gobierno andaluz pudiera gestionar fondos “evitando el control de la Intervención”.

Con estas diligencias, confirmadas en una providencia del pasado 5 de octubre, el juzgado atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción, realizada al objeto de incorporar a las actuaciones ya incoadas con anterioridad nueva documentación de interés sobre un caso que los populares consideran que puede ser “el más grave de todo si se atiende”.

Y es que el PP-A ya remitió un escrito al juzgado en 2011 en el cual se analizaban las liquidaciones del presupuesto de gastos contenidos en las cuentas anuales de la Junta de 2001 a 2010, concluyendo que en lo tocante a los créditos de las cantidades correspondientes a transferencias corrientes y de capital que sirvieron de financiación al IFA-IDEA la cantidad ascendía a un montante de 4.315 millones de euros. De lo que ahora se trata, según Martín, es de demostrar si el caso de los ERE fraudulentos supuso un suceso “aislado” o simplemente se trata del botón de muestra de “una forma de gestionar” al margen de los controles oficiales y regulados realizados durante “muchos años”.