Núñez archiva la pieza política de la formación

La juez María Núñez Bolaños archiva la pieza “política” de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los exdelegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, al entender que “no se ha constatado la existencia de una red clientelar” y que únicamente se habrían producido “posibles irregularidades administrativas”.

En un auto, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la petición realizada el pasado 20 de septiembre por la Fiscalía Anticorrupción, criticando tanto la labor investigadora realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la actuación de la acusación particular ejercida por el PP-A.

La juez analiza una a una las “irregularidades” investigadas, la primera de las cuales se refiere a la falta de documentación en los expedientes detectada por los interventores en sus informes especiales, señalando que “sobre la falta de esta documentación se construye” por parte de la UCO “la hipótesis o teoría de que esta irregularidad es utilizada para conceder arbitrariamente las subvenciones, creando una red de ‘clientelismo político’, se eligen arbitrariamente los beneficiarios”. Al hilo de ello, la juez asevera que “para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente por el órgano gestor de entre aquellos que consideraba afines al partido, el funcionario (interino o de carrera), que era el que, sentado en su mesa con el ordenador, introducía los datos y emitía la resolución de concesión (no se realizaba esta labor personalmente por el director general o delegado provincial), debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada que realizaba estas conductas”.

“Quiere ello decir que no solo el director general o los delegados provinciales participarían de esta trama, sino que necesariamente también debían participar los funcionarios que integraban los servicios centrales y las delegaciones provinciales, quienes recibirían instrucciones de sus superiores para que así actuaran”, según abunda la juez, que agrega que “la teoría parece poco probable por no decir inverosímil: en todo caso, como señala el Ministerio Público en su informe, no se ha constatado la existencia de instrucción alguna en este sentido, ya sea verbal o escrita”. A su juicio, “tampoco se ha constatado la existencia de una red clientelar”, pues “que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista no resulta significativo”, punto en el que alude a la petición realizada recientemente por el PP-A para que se practicaran una serie de diligencias “tendentes a acreditar la existencia de esa red clientelar”.

La juez manifiesta que, “atendiendo al número de beneficiarios entre los años 2009 a 2012, no resulta significativo que el PP-A encuentre 38 empresas beneficiarias cuyos administradores, de derecho o de hecho, fueran exmiembros del ‘Gobierno andaluz o del Partido Socialista Obrero Español’, o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar”. Y es que, según considera, “ese examen adolece de los requisitos básicos para ser tenido en consideración desde un punto de vista estadístico.