Núñez acusa a Alaya y UCO de elaborar “teorías conspiratorias”

La juez María Núñez Bolaños rechazó el recurso del PP contra su decisión de archivar la pieza “política” de los cursos de formación y acusó tanto a la magistrada Mercedes Alaya como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas” que fueron “avaladas” por el PP, lo que causó un “daño” a personas “cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como delincuentes en el proceso”. En un auto fechado el día 31 de enero, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla confirma así el archivo de la causa dictado el 11 de octubre de 2016, que fue avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción, y pone de manifiesto que el PP, en su recurso de reforma, “alega tan solo aspectos formales, sin rebatir ni una sola de las cuestiones jurídicas esgrimidas como fundamento del sobreseimiento y archivo” de la investigación. La juez relata que en el auto de archivo “se explica detalladamente cuál fue el objeto de investigación” en este procedimiento, cuya “dinámica o criterio operativo es muy similar a la ya rechazada” en relación con la investigación por las irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA, donde critica a Alaya por “empezar la casa por el tejado”. Así, señala que la causa nace sobre la “hipótesis elaborada” por la UCO tras “analizar e interpretar” los informes de la Cámara de Cuentas e interventores tanto en los informes de Auditoría de Cumplimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ejercicio 2012, como los informes especiales de control sobre las delegaciones provinciales del SAE relativos a los ejercicio 2009 a 2012. De este modo, la UCO “formula la hipótesis de que dichas irregularidades administrativas, detectadas tanto en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE, fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la Dirección General a todas las delegaciones provinciales, quienes de forma concertada y bajo instrucciones específicas, que nunca se pudieron demostrar, beneficiarían a determinadas empresas o entes, “red clientelar” dando lugar, de forma consciente, a la malversación del erario público”. “Desde esta premisa se realizan registros y detenciones con la intervención de numerosos expedientes que obran en múltiples dependencias de esta sede e incluso como señala el PP con el precinto de sedes administrativas”, asevera la juez. Al hilo de ello, critica que el “criterio operativo” consistente en “iniciar causas penales desde la interpretación de informes de la Cámara de Cuentas e informes de la Intervención de la Junta que se traen a las actuaciones donde se recogen la existencia de irregularidades administrativas para, a partir de los mismos y de su interpretación, elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP”.