La juez pide datos de la fiscalización de ayudas
El juicio de los ERE contra Chaves y Griñán se reanuda el 12-F
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social información sobre la fiscalización de las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011 —periodo investigado en los ERE—, dentro del requerimiento al departamento que dirige Fátima Báñez para que amplíe el informe presentado por éste el 18 de septiembre de 2017 sobre dichas ayudas.
El juicio contra los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se reanudará el 12 de febrero. En el citado informe de 18 de septiembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reconocía, entre otras cuestiones, que no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de “concesión directa”. En este sentido, el director general de Empleo, Javier Thibault, aporta en el informe un listado de 220 ayudas concedidas en ese periodo, donde precisa las empresas que recibieron las mismas, la aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectúa el ingreso y el importe en euros de cada una de las ayudas, que oscilan entre 13.760,49 euros y 22,2 millones y que suman unos 300 millones en total. No obstante, “no se aporta ninguna documentación relativa a concursos públicos de adjudicación de ayudas al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado”, apunta el director general de Empleo.
De este modo, Thibault informa a la juez de que la concesión de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercero “establecía que las ayudas podían ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado”. El director general de Empleo señala que, “a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la Dirección General de Trabajo resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente”. Al hilo de ello, precisa que la Orden Ministerial de 1995 “no contemplaba la realización de concurso público alguno”.