El PP se personará en el juicio del caso ERE

En un auto fechado el 21 de enero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó que las tres acusaciones populares actúen en el procedimiento bajo una misma dirección y representación, que corresponde a Manos Limpias por ser el primero en solicitar su personación en la causa, salvo que las tres propongan otra solución que deberá ser aprobada por la Sala de lo Penal. Tanto Manos Limpias como PP-A pidieron al Supremo su personación al estar también personados en la causa que investiga la juez Mercedes Alaya, mientras que la Asociación Pro Justicia Siglo XXI presentó una querella contra los cinco aforados por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos en la que concluía pidiendo también su personación. Según señala el Alto Tribunal, la Asociación Pro Justicia Siglo XXI relató en dicha querella hechos “que sustancialmente coinciden con los ya investigados en las presentes diligencias”. En el auto, el Supremo recordó que el artículo 125 de la Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho a ejercer la acción popular, “si bien, en la forma y respecto de aquellos procesos que la Ley determine”, y añade que, “sin embargo, la acción popular no es una pieza esencial del proceso penal, en tanto que la Constitución habilita al legislador para imponer una forma determinada en su actuación e, incluso, para excluir su participación en procesos determinados”. Al hilo de ello, indicó que el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “dispone que siempre que sean dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito o falta, lo verificarán, si fuere posible, bajo una misma dirección y representación”. En relación con la interpretación y aplicación de este precepto desde la óptica constitucional, el Tribunal Constitucional “señaló que se pretende con la norma reforzar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. Según la Sala, “es cierto que si en la misma causa existieran varias acusaciones con distintas representaciones pero con posiciones jurídicas e intereses muy similares, tales dilaciones pudieran producirse con más facilidad a causa de la previsible reiteración en las diligencias, a lo que podría añadirse la reiteración de trámites y la proliferación de recursos interpuestos por las mismas razones y con las mismas finalidades”. “En definitiva, la proliferación de partes contribuye a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación”, subrayó el Supremo. Asimismo, añadió que en un caso donde “ya se encuentra ejerciendo la acción penal el Ministerio Fiscal, los intereses de los tres comparecientes que pretenden el ejercicio de la acción popular, dada la clase de delitos que se persiguen, no deben ser otros que la búsqueda de la verdad y la acción de la Justicia.