Alaya retira a la Policía del caso de los cursos

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada toma esta decisión después de que la UCO de la Guardia Civil le comunicara que la Policía “sigue actuando” en diferentes lugares de Andalucía “tomando testimonio en lo relativo a lo que es objeto de las presentes actuaciones, expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma”.
La instructora ordena lo anterior a la Policía “para evitar actuaciones” como la ocurrida el pasado mes de agosto sobre “la concentración de empresas” del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) e imputado en esta causa, “sobre las que actuó la Policía parcialmente, cuando el tema era objeto de investigación por parte de este Juzgado”. Todo ello provocó, según la juez, “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable”, todo lo cual “pone en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas”.
La juez recuerda que, en este caso, se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en materia de formación contra determinados cargos de la Junta y entidades beneficiarias, “ya sea por ausencia flagrante de procedimiento, control en la gestión o justificación, o por concentración de acciones formativas en manos de las mismas personas física o jurídicas”.
En un segundo auto, la juez acuerda otorgar protección al jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció las “graves” irregularidades en la concesión de cursos de formación, todo ello después de que la propia Fiscalía Anticorrupción solicitara la puesta en marcha de las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos “con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento”.
La instructora toma esta decisión ante “la extensión de las irregularidades puestas de manifiesto” en su testimonio, “muchas de ellas de naturaleza presuntamente delictiva, y “la enorme presión mediática sobre todo lo que acontece en la presente investigación acrecentada por las noticias que a diario proporcionan a la prensa las partes personadas”. A su juicio, lo anterior “provoca que sea también a través de la prensa el medio para comunicar las presiones o coacciones de entidades aludidas en la causa, presiones que adquieren un alto grado de vulnerabilidad cuando especialmente son dirigidas a dicho testigo”. La magistrada ya advirtió de que “no va a consentir ningún tipo de presión o coacción” hacia el testigo.