El TSJA investiga al alcalde de Granada

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, citó a declarar como investigadas a diez personas, entre ellas el actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), dentro de una investigación abierta en 2013 sobre la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de contratos privados a particulares para que estos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social. “De este modo, pudieron usurpar de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores”, estima el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En un comunicado de prensa, el TSJA informó de que el juez ha citado a declarar el próximo día 12 de diciembre al actual alcalde de Granada por sus actuaciones como delegado provincial en Granada de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en los años 2010 y 2011. Las otras nueve personas investigadas, también altos cargos en su día de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas, fueron citadas a declarar en noviembre y diciembre.

De este modo, y para el mismo día 12 de diciembre, el juez ha citado también a Ana María Barbeito Carrasco, que fue directora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, y que ya prestó declaración como investigada. La causa comenzó a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que solicitó al juez investigar unos hechos en los que se podría haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.

En esta investigación se analizan las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos, “atribuyendo funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos”, según indica el TSJA en la nota. Además, se estudian las razones que llevaron a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa) alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia”, explica el Alto Tribunal Andaluz.

En estos hechos se investiga a los que en ese momento ocupaban el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, así como a los jefes de servicio de Huelva y Córdoba. En el nuevo auto, el juez solicita además que se realicen nuevas diligencias y archiva provisionalmente la investigación respecto a un contratista y a una funcionaria.

El instructor manifiesta en el referido auto que la atribución ilegítima de funciones públicas estaría acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo, y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica “Por la Administración (El Inspector)”.

Con ello, según considera el juez, quedaría materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios.