El Gobierno pide la suspensión de la jornada de 35 horas
Susana Díaz cree que es un hachazo contra la creación de empleo y los derechos
El Consejo de Ministros aprobó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la normativa de la Junta de Andalucía por la que se permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica andaluza, en vigor desde el pasado mes de enero, y acordó solicitar al TC la suspensión de esta medida.
En concreto, el Gobierno aprobó dos acuerdos por los que se solicita la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra normas de la Junta de Andalucía, con invocación al artículo 161.2 de la Constitución para que se produzca su suspensión. Uno de los recursos va contra el Decreto Ley de la Junta que regula el trabajo de sus empleados públicos en 35 horas semanales, y otro, contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 que habilita, en aplicación de la medida, la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario. Según explicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el recurso del Gobierno contra el decreto andaluz se justifica porque “no es vertebrador” que las jornadas laborales de los funcionarios varíen en función de la comunidad autónoma en la que desempeñen su jornada de trabajo.
En este sentido, Méndez de Vigo defendió que no se puede “romper ese marco común” con el resto de España, pero ha dejado claro que el diálogo del Gobierno con la Junta de Andalucía “sigue abierto” para intentar “buscar acuerdos”.
Aunque la Junta de Andalucía defiende su competencia para regular la jornada de su personal, el Gobierno estima que el Decreto Ley 5/2016 de la Junta “contraviene” la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que estableció claramente la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas.
El Gobierno considera, asimismo, que el Decreto Ley “no es el instrumento adecuado” para adoptar la regulación propuesta al existir una legislación estatal en la materia.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, calificó ayer de un “hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo” la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que devolvió la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores de las administraciones públicas de Andalucía.
“Rajoy recurre la jornada de 35 horas de los empleados públicos andaluces. Un hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo”, indicó la presidenta, Susana Díaz, en un mensaje que publicó ayer en su cuenta de Twitter.