Críticas por la intervención de la parte acusatoria del Estado

Media docena de abogados de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados en el juicio de la pieza política de los expedientes regulación de empleo (ERE) fraudulentos elevaron una al tribunal por la intervención realizada en la sesión de ayer martes por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) pues “excede de una pericial para convertirse en casi en un informe de parte, de parte de la acusación”.

La protesta fue puesta de manifiesto por Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y a la misma se adherieron los abogados del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el letrado del ex secretario general técnico Javier Aguado.

Tras una larga intervención de Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE, sobre las transferencias de financiación y su finalidad, y la “fraudulenta” elaboración del proyecto de presupuestos por la que se “indujo a error” al Parlamento, Apalategui pidió la palabra para elevar protesta a la Sala de la Sección Primera de la Audiencia, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña.

Las transferencias de financiación y su destino volvieron a centrar una sesión más del juicio. Así, Turrión señaló que existen “cuarenta y tantas normas” que las definen como instrumento de financiación “sólo para cubrir pérdidas” y precisó que los peritos de parte argumentan que pueden dedicarse a otro fin distinto en base a que la Ley de Presupuestos para el año 2002 deroga la Ley 15/2001 de Acompañamiento, pues a juicio de los peritos de las defensas el legislador fija cada año en la Ley de Presupuestos el destino de los créditos.

“En ningún modo se deroga el artículo 18 de la Ley de Acompañamiento de 2001 sobre las transferencias de financiación”, afirmó Turrión, que expuso instrucciones de la Intervención General de la Junta, veinte leyes de Presupuestos, dos de Acompañamiento y la Ley General de Hacienda Pública, dos decretos de reglamento de Subvenciones, quince órdenes de la Consejería de Hacienda —tres de ellas dictadas por imperativo de la Ley General de Hacienda Pública— y doce órdenes de Hacienda de normas para la elaboración de los presupuestos que se expresan en el sentido de las tesis de la intervención del Estado.