Comienza la fase testifical y pericial en el juicio de los ERE

E l juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis entre los años 2000 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares entra, a partir de hoy, en la fase testifical y pericial, después de que hayan declarado ya todos los encausados. En las dos sesiones del juicio que se celebraron en la semana de la Feria de Abril de Sevilla se desarrollaron los interrogatorios al expresidente Manuel Chaves y al ex secretario general técnico de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, con los que se concluyó la fase de declaraciones de los procesados, que se inició el pasado 12 de febrero con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Ahora llega el turno de los ciento cincuenta testigos y doce peritos propuestos por las partes. En concreto, hoy están citados como testigos dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables del atestado sobre la “implicación” del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en el caso ERE. La Guardia Civil entregó en abril de 2015 un atestado al instructor de la causa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, solicitado posteriormente por la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que la UCO concluía que Zarrías presidió hasta doce sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “consejillos”, en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como “fondo de reptiles” y con cargo al que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, en virtud del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Los agentes analizaron veintiseis actas de otros tantos “consejillos” celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al “consejillo”.

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, “habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L”, a lo que se suma que: “Habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió”. En relación a la “arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que “llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: ‘criterios de singularidad’”, los cuales “habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L”.