Anticorrupción pide el archivo de la pieza “política”

La Fiscalía Anticorrupción solicita a la juez María Núñez Bolaños que archive la pieza “política” de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y los exdelegados del ramo en las ocho provincias andaluzas. En un escrito elevado al Juzgado, al que tiene acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, pide el sobreseimiento provisional de la investigación abierta en relación con la intervención de la dirección general de Formación y de las distintas delegaciones provinciales del SAE, en la concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de formación al estimar que de las investigaciones practicadas y de las declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción no quedó acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados.

En este escrito de 33 páginas, el representante del Ministerio Público considera que, con los medios de investigación empleados por la Guardia Civil (como por ejemplo las resoluciones de exoneración), no se puede identificar la “red clientelar” que la juez Mercedes Alaya —ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla— atribuyó a los altos cargos investigados. Y es que cabe recordar que la juez Alaya aseguraba en sus autos que desde la Consejería de Empleo se impartían “órdenes” a las distintas delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, “creando de esta forma una red de clientelismo político”, pero frente a ello la Fiscalía resalta que, en sus atestados, la Guardia Civil “no ha podido identificar un grupo de beneficiarios que por afinidad política u otros criterios hayan sido causa de la concesión arbitraria de subvenciones para el enriquecimiento personal de los mismos”. “No se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades”, subraya el Ministerio Público, que manifiesta que “hay determinados empresarios y personas jurídicas y físicas, cercanos a la Junta”.