Valdeastillas llega, tras 20 años, a la terminal de su legalización

Miguel Castro no cabía en sí de gozo y tampoco pretendía ocultarlo. Con una sonrisa de oreja a oreja, después de veinte años de tramitaciones administrativas, de idas y de venidas y de más de una batalla ganada al desaliento, el presidente de la asociación de vecinos de Valdeastillas blandía, con evidente orgullo, el “documento” que atestigua que su casa “ya es totalmente legal”. Y, tras la de él —anunció—, inmediatamente después, vendrán las 67 viviendas restantes que se levantan en un barrio de 72 parcelas que se construyó por las bravas, en un terreno no urbanizable, y en el que, gracias a una “unión vecinal” que encomió el alcalde, Javier Márquez, sus residentes han llegado, por fin, a la terminal por la que llevan luchando (y desembolsando dinero) dos décadas.

En una rueda de prensa, acompañado, además de por el munícipe, por la concejal de Urbanismo, Rosa Cárdenas, Miguel Castro no esquivó los orígenes del barrio y el incumplimiento de la ordenación urbana de la época. “Construimos a la buena de Dios”, reconoció el dirigente vecinal. Y, conscientes de su actuación, asumieron también que eran ellos mismos quienes debían asumir el coste de la legalización. “Realizamos una previsión de fondos, porque había gente que tenía dificultades. Luego, constituimos una junta de compensación y, unas veces, hemos ido más rápido; otras, hemos tenido que desandar el camino y, al final, ha concluido satisfactoriamente”, sintetizó Castro.

La legalización del barrio, que comenzó bajo mandato “popular”, finalizó en 2009, cuando gobernaba la socialista Carmen Peñalver. En total, les costó “algo más” de 1.470.000 euros. Pero, cuando creían que todo había acabado, en 2012, sufrieron un revés que, para algunos vecinos, fue como un rebobinado hacia atrás. “Los municipales vieron obras en una vivienda y las paralizaron”, explicó Castro, en su momento, a este periódico. Las casas no eran legales y, por lo tanto, no se podían acometer obras. Pero los vecinos desconocían ese extremo.

Entonces —evocó Castro delante del hoy alcalde—, el en aquel momento concejal de Urbanismo se puso en contacto con los vecinos. Les expuso el problema; que la legalidad no se conseguía con una mera memoria descriptiva. Y, sobreponiéndose al desánimo que sintieron —confesó el representante vecinal— al saber que aún no habían conseguido la legalidad, los vecinos hicieron un esfuerzo económico más y contrataron a un grupo de arquitectos para elaborar proyectos individualizados de cada inmueble. El único expediente de legalidad que se ha cerrado ya es el del propio Castro (por el que ha abonado 1.284 euros en tasas), y este explicó por qué: “Como el camino ha durado tanto, decidimos presentar solo uno, a ver qué pasaba”. Y, con todos los parabienes, “desde el lunes”, ya están trabajando los técnicos en el resto de expedientes. No ha sido fácil, reiteró el presidente de la asociación de Valdeastillas, pero añadió: “Ahora, todos los barrios pueden coger un camino más rápido que el que nosotros tuvimos porque ya hay unas normas”.

Márquez se pronunció en esta línea. El alcalde puso a Valdeastillas como “paradigma”. “Ejemplo de legalización para otras zonas de Jaén” —fundamentalmente, suelos urbanos no consolidados en el nuevo PGOU, como Tentesón, Bermejales o La Manseguilla—, que, además, señaló Márquez: “Se van a librar de tantos palos de ciego”. “Ha sido una legalización de viviendas por la puerta grande”, insistió el alcalde, que pidió a los vecinos de esas zonas “las mismas alturas de miras”.

suelos no urbanizables. Márquez salió al paso de las críticas del socialista Julio Millán, que, en un comunicado, le reprochó que solo se ha resuelto un 1% de los expedientes, y sentenció: “De oradores está el mundo lleno”. Apuntó que se han tramitado “los que no están en suelos inundables”. “Pero la inmensa mayoría está en suelos inundables”. Y subrayó: “Necesitamos la aprobación definitiva del mapa de riesgos y depende de la Confederación”.