Unos veinte guardias civiles jiennenses parten a Cataluña
Forman parte del dispositivo desplegado con motivo de la convocatoria ilegal del referéndum
Unos veinte agentes de la Guardia Civil de la provincia de Jaén han viajado este fin de semana rumbo a Cataluña como parte del dispositivo que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior con vistas a la convocatoria ilegal del referéndum del próximo domingo, día 1 de octubre, que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Según ha podido saber este periódico, estos funcionarios, que han sido comisionados para esta misión, pertenecen a las unidades especializadas en control de masas. En concreto, forman parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECI) de la Guardia Civil de la provincia. Ya han puesto rumbo hacia Barcelona desde la Comandancia de Jaén. El teniente coronel de la Comandancia, Luis Ortega Carmona, y el comandante de Operaciones, José Lozano, fueron los encargados de despedir a la comitiva, que formó ante los mandos en el patio central de la Comandancia. Fue un acto íntimo, en el que no hubo vítores a la labor del Instituto Armado ni gritos de “Viva España”, como sí que ha ocurrido en otras comandancias como la de Huelva. Los agentes viajaron en los vehículos habilitados para el transporte.
Fuentes del Instituto Armado confirman que hay otros veinte efectivos de la Comandancia de Jaén más ya movilizados a la espera de que el Ministerio del Interior dé la orden específica para partir hacia Cataluña. Estos agentes sí que forman parte de las distintas compañías desplegadas por la provincia. Están en situación “de retén”, es decir, deben estar preparados para ir a Cataluña si la situación lo requiere. Así permanecerán durante toda esta semana, y en los días posteriores al próximo domingo, a la espera de órdenes por si tienen que acudir de forma urgente a la región. El Ministerio del Interior ha decidido no movilizar, por el momento, a ningún policía nacional destinado en Jaén.
Todas las Unidades de Intervención están alojándose en los ferrys contratados por el Ministerio del Interior, pero otras unidades están dispersándose por distintos puntos de Cataluña y hospedándose en hoteles e, incluso, en casas particulares. Fuentes de la Guardia Civil destacan que el ambiente de trabajo está siendo “muy complicado” y que, aunque se esfuerzan por pasar desapercibidos, es difícil hacerlo sin dominar el catalán.
Los agentes jiennenses se han unido en tierras catalanas a compañeros de otras provincias que también han sido enviados con la misma misión como también agentes de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Benemérita. Ya han activado efectivos de Pamplona, Sevilla, Cádiz, Almería, Algeciras, Granada, Murcia, Gijón, Ciudad Real, Guadalajara, Oviedo, Huelva, Cáceres, Badajoz, Huesca, Zaragoza y Burgos con la orden de “encontrarse en la Cabecera de la Comandancia asignada de la Zona de Cataluña antes de las dos de la tarde del día 27 de septiembre”. Incluso está previsto, al igual que en el caso de la Policía Nacional, que acudan miembros de las unidades de Seguridad Ciudadana (vehículos patrulla), que aunque no interferirán en el trabajo de los Mossos d’Esquadra, sí protegerán instalaciones y acuartelamientos de potenciales ataques”. En total, hay unos 6.000 agentes de refuerzo (3.500 guardias civiles y 2.500 policías nacionales).
El objetivo de la progresiva llegada de estos agentes es contribuir a las instrucciones de la justicia para tratar de impedir el referéndum, buscar las urnas en caso de que existan y requisar papeletas, entre otros efectos. También proteger instituciones oficiales y preservar el orden público en caso de que fuera necesario. Otras fuentes consultadas apuntan a que el papel de los Mossos a la hora de cumplir las instrucciones de la Fiscalía determinará los próximos pasos de Interior. Todos los desplazados están trabajando al servicio directo de jueces y fiscales y deben tener disponibilidad las 24 horas del día.
En el caso de la Guardia Civil todos los efectivos se han ofrecido como voluntarios. Ellos solo se mueven por la provincia de Jaén, salvo en casos muy excepcionales que pueden trasladarse a provincias limítrofes en caso de necesidad. Normalmente, realizan funciones de orden público y dispositivos de seguridad, sobre todo en actividades en las que se producen grandes aglomeraciones de gente. Popularmente, son conocidos como antidisturbios del Instituto Armado. Todos los guardias que salen de Jaén marchan de forma voluntaria, se les ha suspendido la jornada laboral, es decir, estarán disponibles las 24 horas durante seis de los siete días de la semana, algo que se debe a la excepcionalidad de la situación.
El único camión con cañón para lanzar chorros de agua a presión que tiene la Policía ya está en Barcelona. En concreto, en la Zona Franca del puerto, donde el Ministerio del Interior ha concentrado el grueso de los efectivos antidisturbios y aparcado los vehículos policiales junto a los célebres barcos cruceros donde duermen los agentes. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran a Europa Press que el traslado desde Madrid es una “decisión técnica” y que su utilización para hacer frente a altercados no se contempla “en ninguno de escenarios previstos”.
De tener que entrar en acción, sería la primera vez desde su adquisición, hace casi tres años, que este vehículo, conocido entre los propios agentes como camión-botijo, se emplea. Hasta ahora solo se había utilizado de “forma preventiva” en grandes concentraciones de personas, como la última final de la Copa del Rey, celebrada en Madrid el pasado mes de mayo. Es decir, nunca ha lanzado un chorro de agua. Interior gastó cerca de 350.000 en su adquisición en 2014.
La polémica sobre el “camión-botijo” arrancó en diciembre de 2013. Pese a que las propias cifras del Gobierno detallaban entonces que solo en el 0,1% de ellas se requirió la intervención de los antidisturbios; Interior anunció la licitación para comprar el vehículo. Esta decisión se difundía poco después de dar a conocer la primera versión de la criticada Ley de Seguridad Ciudadana. El Ministerio, encabezado entonces por Jorge Fernández Díaz, justificó la compra en el pliego de condiciones del concurso por la conveniencia de dotar a las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) de “medios materiales que, debido a la actual dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos lesiva posible”. El documento calificaba este tipo de vehículos como “ideal para acometer el control de masas”. El concurso preveía un gasto de hasta 500.000 euros, pero finalmente se adjudicó en mayo de 2014 por 348.480 euros, IVA incluido.
De su fabricación se encargó una compañía israelí que en su página web presume de fabricar este tipo de ingenios para cuerpos policiales de una treintena de países. Entre las características del “camión transformado y carrozado” destaca su capacidad para almacenar 7.000 litros y lanzarla a través de un cañón a una presión de entre 10 y 16 bares, más que suficiente para derribar a la persona sobre la que impacte. El vehículo tiene también un segundo depósito de entre 30 y 60 litros para añadir “colorantes” con los que teñir el agua y así manchar la ropa de aquellos manifestantes más violentos.