Un impulso para Ayuntamientos en riesgo financiero

Emocionado al visitar la ciudad que hasta en dos ocasiones depositó su confianza en él para guiarla como alcalde. Así se mostró el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que acompañado por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, visitó entre otras instalaciones la sede del Registro General de la Gerencia Territorial del Catastro de Jaén.

Una ocasión que aprovechó las medidas que, en los próximos días, impulsará el Gobierno de España: “El principal objetivo será el de impulsar el fondo de ordenación en el ámbito de las entidades locales a 202 ayuntamientos que están en situación de riesgo financiero. Así, se aprobará un crédito que, a lo largo de los próximos años, estará dotado de 113 millones de euros”. De ellos, 61 se destinarán a Andalucía y, en el caso de Jaén, llegarán 11. En concreto, se destinarán a los municipios de Campillo de arenas, Cazorla, Carboneros, Jaén, Jamilena, Orcera, Puente de Génave, la Puerta de Segura, Segura de la Sierra, Torres de Albanchez y Los Villares.

Por otra parte, también trató sobre el proceso de regularización catastral, que ha permitido incrementar en 1.358 millones de euros la recaudación de los ayuntamientos españoles vinculada al impuesto de bienes inmuebles (IBI). La Dirección General del Catastro culminará “en los próximos días” este plan, dijo.

Desarrollado entre 2013 y 2016, Fernández de Moya explicó que tiene como objetivo “la lucha contra el fraude fiscal mediante la incorporación al Catastro de construcciones, ampliaciones, reformas y rehabilitaciones no declaradas por los titulares”.

Como consecuencia, la recaudación por IBI en su doble naturaleza, urbano y rústico, “se ha visto notablemente incrementada”, un aumento que a 30 de junio de este año fue de 1.358 millones de euros “que han ido a parar a las arcas de las entidades locales”, a lo que sumó el “efecto indirecto” con otras figuras tributarias, como el IRPF.

Fernández de Moya detalló, además, que un 80 por ciento de los municipios, 7.182, han solicitado la regularización catastral y en un 60 por ciento de ellos ya se ha finalizado el proceso, “procediendo a la regularización de 1.857.000 inmuebles, lo que equivaldría a 28 años de actuaciones inspectoras”, lo que da idea del “extraordinario esfuerzo” realizado.

Junto a ello, subrayó “la escasa conflictividad” que ha registrado el proceso, ya que solo ha contado con un nueve por ciento de alegaciones y un uno por ciento de recursos, mientras que en el cobro del 67 por ciento de las tasas de regularización se ha realzado en periodo voluntario. Por otro lado y sin dejar el ámbito tributario, se refirió a preguntas de los periodistas a la subida de impuestos aprobada el pasado en Consejo de Ministros con un Decreto Ley que persigue, en su opinión, una mayor afluencia de ingresos tributarios para cumplir el objetivo de déficit público para este año y el siguiente.

Precisó que en el texto no se recoge la tasa sobre bebidas azucaradas, que será tramitada como proyecto de ley en las Cortes, para lo que el Gobierno ha mostrado su “mano tendida al diálogo” al resto de grupos “para la puesta en marcha de esa figura tributaria”, que existe en países de la UE y fuera de ella, y que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “en la lucha contra obesidad y enfermedades vinculadas al consumo de azúcares”. Fernández de Moya recalcó que, en materia de tributación, en la aprobación del techo de gasto, fijado en 118.000 millones de euros, “ya ha hecho los deberes respecto a una reducción de 5.000 millones” frente al ejercicio presente. En concreto, 2.000 millones por un acuerdo de no disponibilidad, 1.000 por adelanto del cierre del ejercicio vigente y 2.000 millones por el ahorro de los tipos de interés que había que pagar por la deuda pública. “Por lo tanto, el propio Gobierno es el primero que ha establecido una reducción de ese gasto con esas tres variables”, concluyó.